Dicho esto, hay que analizar la utilidad práctica y la viabilidad de tales medidas. Y esto, sin detenerme en cuestiones como la falta de competencia del Gobierno para modificar mediante Decreto la Ley Orgánica del Poder Judicial (su artículo 183) y el incumplimiento de los trámites de consulta para modificar la jornada de trabajo en los órganos jurisdiccionales.

Parece que hay diversas iniciativas técnicamente correctas en respuesta a las implicaciones de la epidemia que tratamos de neutralizar. Solamente una de ellas ha recibido la crítica del Consejo General de la Abogacía, más la feroz reacción del Colegio de Abogados que me es más próximo, el de Málaga, del que formo parte como colegiado 777.

Se trata del artículo 1 del Real Decreto-Ley, que habilita “para todas las actuaciones judiciales” los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto de 2020. La polémica la sirve su segundo párrafo pues, para hacer efectiva dicha habilitación, ordena al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia que adopten las medidas de coordinación en la distribución de las vacaciones de los funcionarios de su competencia, de manera que se garantice la realización de las actuaciones judiciales en el periodo habilitado del mes de agosto.

¿Pensaba alguien que, tras el largo periodo de confinamiento, la destrucción de nuestra economía y sus efectos dramáticos en millones de españoles sería este un año más?

Creo que muchos de mis compañeros de profesión que se habían planteado la posibilidad de que agosto fuese completamente hábil.

Ciertamente, la propuesta del Consejo General de la Abogacía Española de concentrar las vacaciones de todos los jueces, fiscales, y funcionarios en agosto, a fin de poder empezar el mes de septiembre a pleno rendimiento, es razonable. Todos sabemos que tanto en julio como septiembre los juzgados no funcionan con toda su capacidad, pues muchos funcionarios toman vacaciones en esos meses.

Aun así, ¿es moralmente defendible que toda una rama completa    de la actividad funcionarial y profesional de nuestro país “eche el cierre” durante un mes entero, “con la que está cayendo”?

He tenido ocasión de leer varios comentarios y de hablar con algunos compañeros. Creo que sus argumentos o bien parten de presupuestos inexactos, son derrotistas o tratan de anteponer a esta decisión inmediata de habilitación una imprescindible reforma de todo el sistema, obviamente irrealizable de inmediato. Así:

• Es inexacto equiparar las vacaciones que disfruta un funcionario con las que toma, cuando puede, un profesional libre. En el primer caso, es obvio que ni siquiera puede renunciar a ellas, pues son un derecho previsto en el artículo 40-2 de la Constitución Española (tampoco creo que ningún sindicato proponga al Gobierno que los funcionarios acorten su periodo vacacional a fin de colaborar en la superación de esta enorme crisis). Es cierto que la medida comentada obligaría a los abogados a estar alerta y probablemente a no poder tomar vacaciones entre el 11 y el 31 de agosto. Pero no dejan de ser servidumbres del trabajo autónomo; en cuanto a los hijos, tienen vacaciones aproximadamente entre el 15 de junio y el 10 o 15 de septiembre; no solamente hay que conciliar durante el mes de agosto o parte de él.
• En segundo lugar, las críticas de la Abogacía presumen que esto no va a funcionar, que se van a suspender juicios; en definitiva, que van a ser veinte días de trabajo inútil. Es eso, una presunción, un prejuicio.
• Finalmente, se rechaza la medida con la alegación de que habilitar días, trabajar más días – no se olvide, en turnos de mañana y tarde– es una medida “parche”, que no sirve, pues lo que la Justicia necesita es una reforma integral, acceder de una vez a la digitalización como Hacienda o la Seguridad Social. Sigamos esperando, pues. Es verdad – lo afirma Carlos Javier Galán, antesabogado que juez, en Expansión – que los juzgados no han podido funcionar durante la etapa de confinamiento por falta de instrumentos y tecnología adecuados para hacer “home office”; y que, en cambio, los abogados sí han trabajado: han atendido a clientes, han completado trabajo pendiente, han recibido  e  impartido formación por vía telemática; y en el ámbito laboral, con los ERTES, y en el tributario, con la presentación de declaraciones diversas, han estado trabajando de forma incansable.

Bien, todo esto es cierto. Ahora pensemos en los millones de españoles que sufren con más rigor esta pandemia: los trabajadores sujetos a ERTES, los autónomos que tienen cerrado su negocio y que anhelan abrirlo cuanto antes, quienes viven, por ejemplo, de la venta ambulante, de las ferias, de los espectáculos públicos… Tantos y tantos compatriotas. Yo no sabría cómo explicarles que soy abogado y que protesto porque me dicen que debería trabajar para mis clientes durante el mes de agosto.

Menos aún podría explicarles que mi Colegio de Abogados, su Junta de Gobierno, ha decidido proponer la convocatoria de una huelga para que los abogados no acudan a trabajar en agosto.

Llueve sobre mojado. El pasado 16 de marzo, el Decano de mi Colegio, con el apoyo de la Junta de Gobierno, decidió “dar las instrucciones pertinentes para que se retiren los abogados de todos los turnos de servicios de guardia de la provincia, dado que no se están cumpliendo las condiciones mínimas para que los letrados puedan desarrollar su labor con seguridad en el marco de la crisis por el coronavirus”. El Decano no recomendaba o aconsejaba; tampoco facilitaba medidas de seguridad a los colegiados. Solamente ordenaba, imperando sobre sus compañeros como si fuesen súbditos. Al día siguiente revocó “la orden”, pues fue advertido por jueces de Marbella de que podría incurrir en delito de desobediencia.

Ahora, él y su fiel Junta de Gobierno, mediante acuerdo de 30 de abril, han tomado las siguientes decisiones: