Por Josefa Corbacho Ramírez, abogada y miembro de la Comisión Normativa y la junta electoral del Colegio de Abogados de Málaga

Siempre se ha dicho que “en casa de herrero, cucharón de palo”, es posible que dicho aforismo explique la situación de los abogados/as en materia de conciliación familiar e igualdad. No quisiera convertir este escrito en un listado de agravios, y mucho menos, comparativos, sin embargo, es justo reclamar un poco de atención para la situación en la que los/las abogados y abogadas prestamos nuestros servicios: vivimos sometidos a la tiranía de los plazos, cuyo discurrir inexorable es por completo ajeno a nuestras circunstancias personales, de salud o enfermedad. Para cualquier trabajador o trabajadora es incomprensible que el día en el que se produce el nacimiento de un hijo/a, tenga que preocuparse por cuántos días le restan para contestar tal o cual demanda o recurso, para nosotras/os, ésa es la triste realidad.

Dar visibilidad a este problema es, desde luego, el primer paso para encontrar una solución, y es en lo que el Colegio de Abogados de Málaga, desde sus Comisiones Normativa y de Igualdad, está trabajando constantemente, en línea con los esfuerzos realizados en este ámbito por la abogacía institucional en general. Sin embargo, llegada una fecha tan señalada como el 8 de marzo no podemos dejar de reivindicar y alzar nuestra voz para que la sociedad tome conciencia de que, el mismo día que una abogada da a luz, computa en el plazo en el que esa misma abogada debe cumplimentar un trámite procesa. ¿Cómo hablar de igualdad o de conciliación familiar en estas condiciones?

Es cierto que se están produciendo algunos avances, pero son tímidos y están muy lejos de igualar la situación de abogados y abogadas a la del resto de trabajadores/as y, mucho menos, a la de funcionarios y funcionarias. Algunos protocolos aislados, que no son de obligado cumplimiento, son sin embargo las únicas luces en este sombrío panorama; al margen de estos, depende del Letrado de la Administración de  Justicia de cada juzgado valorar si dar a luz o adoptar un hijo es una situación de “fuerza mayor” susceptible de justificar la interrupción de un plazo: nos felicitamos y es noticia que “La letrada de la administración de Justicia del juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada ha decretado conceder a una abogada en avanzado estado de gestación la suspensión del plazo para recurrir la sentencia notificada mientras se encuentre de baja de maternidad”, el solo hecho de que eso sea noticia debiera hacer que saltaran todas nuestras alarmas.

Pese a que cada 8 de marzo se escenifica esta situación, lo cierto es que la única solución pasa por una reforma de las leyes procesales que nunca llega y parece que, al menos a corto plazo, no se la espera.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía, celebrado en Córdoba en 2019, propuso una serie de modificaciones legales concretas, para garantizar la eficacia de la conciliación de los y las profesionales del derecho. Hace justamente un año, el Ministro de Justicia afirmaba que “la justicia solo podemos hacerla entre todos. No se entiende sin la abogacía”. Se anunció un proyecto de eficiencia organizativa que a día de hoy sigue pendiente, y respecto del que únicamente existe una reseña en la página oficial del Ministerio que no hace siquiera mención genérica a la abogacía, y por ende, mucho menos a ningún problema que nos afecte; igualmente se reseña un “Plan de Igualdad y Conciliación, justica 2030”, que, pese a las inclusivas palabras del Ministro, nos tememos está dirigido sólo al personal al servicio del Ministerio, y no a los  agentes colaboradores de la administración de justicia.

Son muchas las tareas pendientes como para poder permitirnos caer en el desánimo, los abogados y abogadas seguiremos trabajando para defender los derechos e intereses de nuestros clientes, pero sin perder de vista nuestros derechos a la igualdad y la conciliación familiar, que generalmente se han quedado en el fondo del cajón.

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