En España hay cerca de 1,1 millones de personas con discapacidad auditiva. Un colectivo que tiene que hacer frente a numerosas barreras en la comunicación en el ámbito jurídico, desde una víctima de violencia de género que no puede hablar con el 016, el heredero al que es su hermano -también interesado- el que le interpreta el testamento ante el notario o un demandante que no entiende nada de lo que pasa en su juicio, hasta el detenido en dependencias policiales que no puede expresarse en lengua de signos al llevar esposas o el recluso que no puede acceder a la reducción de pena por falta de cursos de reciclaje.
Ante esta situación, y coincidiendo con la Semana Internacional de las Personas Sordas, el Colegio de Abogados de Granada, a través del Grupo Especializado en Derecho de la Discapacidad y Dependencia, ha celebrado una mesa de debate para analizar los obstáculos y posibles soluciones que tienen estos ciudadanos en el acceso a la justicia desde diferentes ángulos del ámbito jurídico. De hecho, el encuentro ha reunido a representantes de las principales instituciones implicadas, como el director de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Esteban Rondón; el magistrado juez decano de Granada, Alberto del Águila; la decana del Colegio Notarial de Andalucía, Teresa Barea; la fiscal Ana Joya; el letrado de la Administración de Justicia, José Francisco Serrano; y el presidente de la Asociación de Personas Sordas de Granada y Provincia (ASOGRA), David Morillo.
“Con esta actividad, queremos llamar la atención y poner compromiso a las autoridades de la necesidad de un intérprete de lengua de signos en todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales, porque el coste no es muy significativo, pero el servicio que se presta a este colectivo es enorme”, ha demandado el decano, Leandro Cabrera, durante la apertura del acto. “La persona sorda no es muda; quiere hablar, no quiere que hablen por ella y para eso necesita apoyo”, ha señalado Juan José Rubiño, presidente de la agrupación organizadora, quien, como hijo, sobrino y primo de personas sordas, ha trasladado a los presentes las dificultades que encuentran estos ciudadanos en su día a día y la discriminación que sufren en la tutela judicial efectiva respecto a otras personas con discapacidad. “Igual que a una persona tetrapléjica no se le pide que se lleve su rampa al juzgado, ¿por qué la persona sorda sí tiene que llevar su intérprete?”, ha cuestionado el letrado.
No obstante, además de dar visibilidad a estas situaciones de discriminación de la comunidad sorda y sordociega y concienciar a los organismos con responsabilidad en la materia, el encuentro -traducido en directo a la lengua de signos- también ha permitido a los asistentes aclarar dudas sobre los derechos de estos ciudadanos en el acceso a la justicia y plantear las medidas adoptadas en los diferentes estamentos. “La legislación dota de normas suficientes para la integración y el acceso a la justicia, pero nosotros debemos tener la sensibilidad suficiente para llevar a la práctica esa accesibilidad, unida a la voluntad política”, ha afirmado Del Águila.
En este sentido, el representante de la Consejería de Justicia ha dado a conocer las medidas puestas en marcha por la Junta en esta materia, como la facilitación de intérprete a las personas sordas en la jurisdicción penal, la instalación de 500 bucles auditivos en los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma o la existencia de un sistema de lectura fácil de resoluciones judiciales facilitado por la Fundación Purísima Concepción de las Hermanas Hospitalarias. “Desde la Junta de Andalucía somos conscientes de que tienen que tener los mismos derechos en las actuaciones judiciales que el resto de las personas y por eso trabajamos en los que nosotros llamamos la ‘justicia de las personas’”, ha señalado Rondón.
La figura del facilitador introducida por la Ley 8/21 también ha sido uno de los puntos principales de la jornada, como garante de que las personas sordas y sordociegas comprendan los hechos e implicaciones también en la jurisdicción Civil. Una figura sobre la que, según ha anunciado Rondón, la Junta va a comenzar a elaborar el decreto que la desarrolle, lanzando mientras 5 proyectos pilotos en Andalucía.
No obstante, desde ASOGRA inciden también en la importancia de potenciar también la formación y especialización jurídica de los intérpretes. “Existe una gran disminución de intérpretes de lengua de signos, porque el ciclo que se daba desapareció y ahora es un grado, pero sólo se imparte en Madrid y Cataluña, y queremos sensibilizar que necesitamos intérpretes de lengua de signos de calidad”, ha advertido Morillo, reivindicando también que sea un servicio a cargo de las Administraciones Públicas en todos los casos.
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