El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha hecho público el lunes 10 de octubre un informe en el que critica de forma contundente a España por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial.
Alude en concreto la falta de interés de nuestro país por modificar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mejorar la actual situación “tanto en apariencia como en la realidad”.
En este apartado del informe, el GRECO recuerda que para luchar contra la corrupción las autoridades políticas no deberían intervenir en “ninguna de las etapas” del proceso de designación de los magistrados, y creen que dicho requisito no se cumple por ser los miembros del CGPJ, que son los que eligen a la cúpula judicial, seleccionados a su vez por los miembros del Parlamento.
Así, lamentan que a pesar de advertencias anteriores de este organismo España parezca no haber hecho ninguna reflexión, si bien reconoce que tanto los fiscales como los jueces están trabajando actualmente en sus propios códigos de conducta “para entregar un mensaje inequívoco en cuanto a sus normas éticas”. Se refiere a los trabajos para aprobar un Código Deontológico que se desarrollan en el órgano de gobierno de los jueces.
Tambien valora el GRECO los pasos que desde la Fiscalía General del Estado se están dando para lograr una mayor autonomía en el funcionamiento de este órgano, así como que se esté reforzando el sistema de disciplina para los fiscales mediante diferentes modificaciones de su Estatuto Orgánico.
No obstante, y en términos generales, el GRECO concluye en su informe que existe un muy bajo nivel de cumplimiento de sus recomendaciones por parte de nuestro país, al que pide que presente un informe sobre los avances en la implementación de las que siguen pendientes pendientes tan pronto como sea posible, a más tardar el 31 de julio de 2017.
Otra parte del informe se refiere al hecho de que los resultados de las elecciones municipales de mayo el año 2015 han enviado “un fuerte mensaje de cambio en el que el sistema tradicional de dos partidos se rompió y se agitó a raíz de los escándalos de corrupción”, que han visto a la luz en los últimos meses.
MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Se refiere en este punto el GRECO a las medidas acordadas para combatir estos casos a través del denominado Plan de Regeneración Democrática, que valora que se trabaje para aumentar la transparencia de las instituciones públicas, se hayan reformado las normas de financiación de los partidos y para promover la integridad en la vida política.
Destaca igualmente el informe que se haya trabajado para reforzar los controles realizados por el Tribunal de Cuentas, la creación de nuevos tipos penales para un determinado delito de enriquecimiento ilícito, que se hayan endurecido las penas para los delitos de corrupción y se hayan adoptado medidas para acelerar los procedimientos penales, “a fin de hacer investigaciones más eficientes y rápidas”.
El GRECO analiza igualmente la Ley de Transparencia, que a su juicio “ha allanado el camino” para que los ciudadanos conozcan la toma de decisiones de los órganos del Estado. Ve positivo que se hayan creado sitios ‘web’ que contienen detalles sobre las agendas y decisiones administrativas.
Añade que sus conclusiones pueden servir para estimular el debate político sobre cómo reformular la confianza del ciudadano en la política mediante la adición a las herramientas de integridad en el Parlamento. Sin embargo, califica de “decepcionante” por el momento que la acción a raíz de este debate haya sido más bien “limitada”, produciendo muy pocos resultados concretos.
RECOMENDACIONES
En este punto, GRECO tiene la esperanza de que la nueva legislatura continuará el trabajo que se puso en marcha en relación con la emisión de un código de conducta en las dos cámaras del Parlamento, la revisión a fondo del régimen de información financiera y el establecimiento de un mecanismo de aplicación cuando se produce la mala conducta.
Finalmente el Consejo de Europa reclama incidir en las medidas para mejorar la información patrimonial de los integrantes del os poderes públicos, lo que considera un importante instrumento para evitar conflictos de intereses.
Entre los datos a conocer señala los bienes inmuebles y vehículos, los nombres de las empresas a las empresas de las que tienen acciones, los créditos obtenidos de entidades financieras o las donaciones recibidas.
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