Madrid, 15 mar (EFE).- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido este viernes con el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, por la polémica en torno a la pareja de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes fiscales han informado a EFE de que el encuentro se ha producido a instancias del fiscal general para aclarar varias cuestiones tras el comunicado emitido este jueves por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la investigación a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso.

Tras ser consultados por EFE, ninguno de los implicados ha querido pronunciarse sobre el contenido de la reunión ni hacer ningún tipo de declaración o aclaración sobre este tema.

Precisamente este jueves, el decano del Colegio de Abogados llamó a la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez, para quejarse de la actuación del Ministerio Fiscal ante la revelación de conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso.

La polémica arranca con la nota difundida la víspera por la Fiscalía de Madrid que confirma que "el único pacto de conformidad" con reconocimiento de dos delitos fiscales que ha existido en la investigación a Alberto González Amador es el propuesto por el letrado del investigado al fiscal el pasado 2 de febrero.

La Fiscalía aclara en la nota su actuación en relación con la denuncia que interpuso el 20 de febrero en los juzgados contra Alberto González Amador y otras cuatro personas por supuestos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, según la cual se habrían defraudado 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de facturas falsas y sociedades pantalla.

Ya este viernes, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha calificado de "extrema gravedad la revelación por parte de la Fiscalía, a través de un comunicado oficial, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".

En el escrito recuerda que "el Estatuto de la Abogacía establece en su artículo 22 sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos".

Añade que, "además, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal destaca en su artículo 4 el límite de la obligación de informar por parte de la Fiscalía, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados".

Por ello, ha avanzado que "tomará las medidas pertinentes" en su Junta de Gobierno del próximo lunes, de cuyo contenido informará después en una rueda de prensa, ha dicho a EFE la institución.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL RESPETO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES EN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA JUICIOS DE CONFORMIDAD

El Consejo General de la Abogacía Española reunido en Pleno considera que las recientes informaciones aparecidas en los medios de comunicación y el comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid en relación con la denuncia interpuesta por dicha Fiscalía conta D. Alberto González Amador, deben ser objeto de las siguientes consideraciones:

1. La difusión del contenido concreto de comunicaciones, en este caso correos electrónicos, intercambiadas entre el Ministerio Fiscal y la defensa de un investigado supone una clara vulneración de la garantía de confidencialidad en las comunicaciones entre las partes que este Pleno rechaza y condena.
2. Es imprescindible que dichos extremos sean objeto de investigación para determinar su autoría e iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda.
3. Es legitimo que el Ministerio Fiscal, en el uso de las facultades que le atribuye su Estatuto Orgánico, informe en relación con hechos aparecidos en medios de comunicación en los que se cuestione su actuación.

Sin embargo, para este Consejo dichas comunicaciones no pueden, en ningún caso, exceder de las facultades de información que atribuye a la Fiscalía el citado Estatuto en el artículo 4.5, sino que deben realizarse en el marco de la Instrucción de la Fiscalía 3/2005 de 7 de abril sobre relaciones del Ministerio Fiscal con medios de comunicación y respetar, en todo caso, el Protocolo de conformidades suscrito entre el Consejo General de la Abogacía y el Ministerio Fiscal, para impedir que se puedan rebelar datos que pueden perjudicar la posición del investigado en el proceso

Es por ello que se requiere:

1. El máximo respeto a la confidencialidad de las comunicaciones entre las partes como garantía del Estado de Derecho.
2. Que se adopten las medidas oportunas para evitar que se produzcan este tipo de actuaciones y se garanticen el respeto debido a la confidencialidad en los procesos de esta naturaleza.
3. La inmediata constitución de una Comisión Mixta Fiscalía General del Estado-Consejo General de la Abogacía Española, para la revisión y actualización del Protocolo de actuación para juicios de conformidad.