El Consejo General de la Abogacía ha remitido en la mañana de hoy una solicitud de rectificación al director de el diario El Confidencial en relación con una información en la que se pone en cuestión la salud financiera de la institución. El texto de la petición es el siguiente:

Estimado señor director:

El pasado día 2 de mayo su diario publicó la noticia titulada “Las cuentas del Colegio de la Abogacía siguen en la UVI: 1,4 millones de pérdidas” a la que podía accederse clickando en el enlace https://www.elconfidencial.com/juridico/2023-05-02/cuentas-consejo-abogacia-uvi-millones-perdidas_3621020/, en relación con la cual queremos ejercer el derecho de rectificación que se contempla en la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación de 1984, por tratarse de una noticia que contiene diferentes inexactitudes, por lo que le requerimos a publicar el siguiente texto:

La noticia publicada es incorrecta por cuanto se afirma que en las cuentas existe “un déficit que, junto con otras partidas, ha mermado la tesorería de la institución, que ha pasado de contar con unas reservas de 6.000.589 euros en 2020 a 1.259.019 euros en el último ejercicio; 4,7 millones de euros menos en apenas dos años”. Sin embargo, la realidad es que, tal y como puede leerse con claridad en la página número 2 de las cuentas anuales del Consejo General de la Abogacía correspondientes al año 2022, publicadas en la página web, las reservas de la institución a 31 de diciembre de 2022 ascienden a 7.753.601 euros.

Las cuentas del Consejo General no se encuentran en una situación “delicada”, sino que tienen una tesorería que supera los 3 millones de euros, las reservas son las indicadas anteriormente y la institución no tiene deudas.

El activo corriente de la institución asciende a 3.746.762 euros y el pasivo corriente a 1.453.356 euros, lo que refleja un fondo de maniobra de 2.293.396 euros. Esto significa que el Consejo es una entidad sólida y saludable a nivel financiero, con unos Fondos propios de 10.687.877 euros, todo ello recogido en las Cuentas Anuales auditadas.

En cuanto al correo electrónico, la sostenibilidad de ese contrato y la limitación de los pagos que debe asumir el Consejo ya fue resuelta por el Pleno del Consejo General en el año 2021. El único Colegio que recurrió la decisión ha visto judicialmente desestimada su demanda.

En la partida de personal los ajustes de plantilla supusieron una desviación presupuestaria en gastos de más 356.804 euros, pero compensada con una variación de provisiones especifica por importe de 178.437 euros y unos ahorros por amortización de puestos por importe de 123.896 euros, estando todos los salarios del personal del Consejo ajustados al convenio y a precios de mercado.

Con respecto a la auditora de cuentas, la empresa BDO no realiza ninguna “salvedad” en las cuentas del Consejo, sino que señala que “expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consejo a 31 de diciembre de 2022, así como sus resultados y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha”. Y simplemente indica como aspecto relevante de auditoría que los ingresos son área de significatividad en las cuentas del Consejo.

Las inexactitudes e insinuaciones que se vierten en el texto como veraces provocan que se ofrezca una imagen distorsionada de las cuentas de la institución, lo que perjudica gravemente la reputación de la corporación sin que exista una base real en la que puedan asentarse tales afirmaciones.

Por todo ello, ruego publiquen la presente rectificación dentro del plazo legalmente establecido.