El Consejo General de la Abogacía Española trabaja para conseguir que todos los profesionales del sector alcancen unas condiciones de jubilación suficientes, independientemente de cuál haya sido o sea su fórmula de cotización a lo largo de su trayectoria vital.
Ante la convocatoria de concentraciones en diferentes ciudades españolas por parte de grupos de abogados para expresar su malestar por las rentas que prevén recibir de las diferentes mutualidades, el Consejo se reafirma en su decisión aprobada en el pleno del pasado mes de junio de reclamar a la Seguridad Social los complementos precisos para que todos los profesionales que hayan cotizado los años requeridos en las distintas mutualidades reciban rentas mínimas de la misma cuantía que quienes hayan estado acogidos al sistema público. Asimismo se reclama la aplicación de un tratamiento fiscal acorde a la naturaleza de las rentas percibidas.
Para ello, el Consejo inició ya antes de la convocatoria de elecciones los contactos con el Gobierno y con los grupos políticos. Contactos que han proseguido en el tiempo, durante la campaña electoral y tras la celebración de los comicios, aún siendo consciente de las complicadas circunstancias del momento. En ese diálogo se incluye también la demanda de que el Gobierno estudie la opción de establecer una pasarela para que aquellos mutualistas que lo deseen puedan transferir su ahorro de jubilación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, siempre que eso no suponga un perjuicio al resto de los mutualistas, para lo que deberán buscarse mecanismos que compatibilicen ambos intereses.
Todo ello se expuso en la primera reunión de la mesa de trabajo celebrada la semana pasada y en la que participaron, además de la Mutualidad de la Abogacía y el Consejo General, las asociaciones ALA, Defenda y Sindicato Venia. En el encuentro también se puso de manifiesto que la Mutualidad ya avanzó el pasado mes de junio la introducción de diferentes mejoras en sus prestaciones a los mutualistas.
El Consejo agradece a las diferentes instituciones autonómicas y locales que se han pronunciado en este sentido durante las últimas semanas su aportación y su respaldo, al mismo tiempo que apunta que es muy consciente de que el ámbito de decisión de estas demandas está en la esfera del Gobierno y del Parlamento de la nación. Es por ello por lo que está focalizando todo su trabajo en mantener abiertas las vías de diálogo con el Ejecutivo y con los partidos a la espera de saber quiénes serán los responsables de las carteras de Seguridad Social y de Justicia del próximo Gobierno.
Desde el Consejo se comprende y comparte la intranquilidad de quienes se encuentran en esta situación, a quienes se quiere trasladar a través de los diferentes colegios que todas las instituciones de la abogacía están absolutamente comprometidas con la mejora de la situación de los colegiados y de sus condiciones de jubilación.
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