El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha decidido en su reunión de esta mañana emprender acciones legales contra el Ministerio de Justicia por el anunciado impago de los servicios que el Turno de Oficio prestó por designación judicial el pasado mes de octubre sin estar reconocidos posteriormente como Justicia Gratuita en la denominada zona Ministerio (que comprende las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Illes Balears, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a los tribunales con jurisdicción estatal, Ceuta y Melilla). Los consejeros y consejeras han respaldado de forma unánime llevar hasta sus últimas consecuencias la reclamación judicial ante una decisión que han calificado como incomprensible, tanto por el momento de interinidad en que se produce como por el carácter unilateral con el que se aplica.
Asimismo, el Consejo General de la Abogacía solicita públicamente la dimisión de la ministra Dolores Delgado por su “enfrentamiento con el conjunto de la Abogacía”. Los consejeros y consejeras han puesto de manifiesto la importancia de que el candidato a la investidura a la Presidencia del Gobierno sepa que cuenta en su Gabinete en funciones con una de las peores ministras de Justicia que se recuerdan.
En el transcurso del debate, los consejeros y consejeras han considerado oportuno que los Servicios Jurídicos del Consejo estudien si la reclamación al Ministerio de Justicia por lo que considera ajeno al sistema de Justicia Gratuita debe hacerse atendiendo a ese baremo o si, por el contrario, deben requerirse los honorarios de libre mercado de los abogados que han recibido una designación judicial para intervenir en un proceso. En todo caso, la reclamación exigirá la liquidación de los intereses generados hasta que se resuelva el pleito y abre la puerta a que aquellos Colegios de Abogados que por cualquier causa no hubieran pasado al cobro este tipo de actuaciones, lo hagan con las correspondientes a los cuatro últimos años.
El Pleno del Consejo se ha mostrado confiado en que la Justicia resolverá más pronto que tarde en favor de los abogados y abogadas pues está fuera de toda duda la responsabilidad patrimonial del Estado en la prestación de sus servicios por designación de un juez. “El Gobierno no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un agujero legislativo que nadie ha visto en los últimos 40 años”, han expresado los consejeros resumiendo el sentido de la decisión adoptada hoy por el pleno.
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