• La indígena, activista medioambiental y feminista hondureña fue asesinada en marzo de 2016 por su oposición activa al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”
• El Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo muestra su preocupación por el grado de cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La presidenta de la Abogacía Española y vicepresidenta del Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo, Victoria Ortega, ha trasladado a las autoridades hondureñas su preocupación por la vida e integridad personal de los familiares y equipo jurídico de la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, en su casa en la ciudad de La Esperanza por su oposición activa al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

Victoria Ortega ha remitido una carta a Rolando Edgardo Argueta Pérez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa (Honduras), expresando la necesidad de adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los abogados y familiares de Berta Cáceres, beneficiarios de las medidas cautelares acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recientemente, estas medidas de protección se ampliaron al abogado y representante legal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Víctor Fernández, y de las hijas e hijo de Berta Cáceres.

Esta petición de protección se debe a que el equipo legal y los familiares de Berta Cáceres están siendo víctimas de ataques sistemáticos por su actividad en el litigio de la causa judicial y de otros casos de alto impacto en la sociedad hondureña. Además, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo considera que para ejercer el Derecho de Defensa, los abogados y abogadas del procedimiento judicial deben acceder a todas las diligencias de investigación integradas en el expediente del caso Berta Cáceres, acceso que hasta la fecha se les ha denegado.

Por ello, la presidenta de la Abogacía Española exige que se garantice que los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan seguir con sus actuaciones sin temor a represalias ni a ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos y que, al mismo tiempo, se apliquen las medidas cautelares otorgadas al equipo jurídico de Gustavo Castro, testigo presencial del asesinato de Berta Cáceres.