Con motivo del Día del Abogado Amenazado, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha reivindicado el derecho de defensa “como verdadero signo de vitalidad democrática y como auténtico termómetro de la calidad del Estado de Derecho”.
Lo ha hecho durante su intervención en el acto central del homenaje a los abogados de Atocha, celebrado hoy en Madrid en el 41 aniversario de su muerte, recordando a “aquellos compañeros y compañeras que, en el ejercicio de la profesión o por causa de ella, sufren persecuciones, arriesgando incluso su integridad física, cuando no su propia vida”.
En sus primeras palabras, el decano ha transmitido a la Fundación Abogados de Atocha, organizadora de la ceremonia, el apoyo de la Abogacía madrileña. “Siempre estaremos con vosotros”, ha declarado Alonso, el Colegio “va a mantener siempre presente y vivo el recuerdo de nuestros compañeros y compañeras asesinados” y ayudará “a que jamás lo que sucedió y lo que representaron sea olvidado”.
Con ocasión del Día del Abogado Amenazado, que se celebra cada 24 de enero en conmemoración del aniversario de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en 1977, el decano ha resaltado la importancia del derecho de defensa, “un pilar irrenunciable de toda persona para poder comparecer ante un tribunal de justicia con plenas garantías de igualdad e independencia”. Como representante de la abogacía madrileña, Alonso ha trasladado su compromiso de alzar la voz para “seguir contribuyendo a la sensibilización de las instituciones y la sociedad civil respecto de los problemas y riesgos que asumen nuestros compañeros en numerosas partes del mundo”.
Desde el Colegio de Abogados de Madrid “mi compromiso es ya y va a ser incansablemente el de mantener una actitud de vigilancia constante y crítica sobre la situación de los abogados y las abogadas víctimas de amenazas por causa del ejercicio legítimo de su imprescindible oficio, como les sucedió a los compañeros de Atocha”, ha subrayado.
Para la Junta de Gobierno del Colegio, estar “al lado de aquellos profesionales del Derecho que aún no disponen de la adecuada protección proporcionada desde los poderes públicos” es “una misión crucial”, ha concluido el decano.
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