• Desde el año 2002, según fuentes del CAH, ya son 154 los abogados asesinados en Honduras con una impunidad de un 90%

A raíz de varios medios hondureños, la Fundación Abogacía Española ha tenido noticia del asesinato de dos abogados hondureños que habían sido solicitantes de medidas de protección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, por el alto riesgo de los casos en los que actuaban como letrados. Esta solicitud fue formalizada con fecha de 4 de febrero de 2017 por un grupo de 4 abogados, acompañados del presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Jose María Díaz. Este grupo de abogados nunca recibió respuesta del Mecanismo Nacional de Protección para Personas y Defensores de Derechos Humanos, órgano gubernamental que facilita estas medidas.

En febrero de 2018, uno de esos abogados, Carlos Iván Ordoñez, que tenía una persona a cargo de su protección contratado por el CAH, fue interceptado cuando viajaba en su vehículo y tiroteado hasta morir. En el momento del asesinato el guardia no se encontraba con él porque el CAH había dejado de pagarle por falta de fondos.

El pasado mes de enero, otro de los abogados del grupo, Reynaldo Barahona, también fue tiroteado frente a la Corte Suprema de Honduras y a escasos cien metros de la Casa Presidencial. Las circunstancias de este asesinato fueron extrañas debido a que es una zona fuertemente protegida a diario por la policía y el ejército.

De igual forma, en este mes de febrero, un tercer abogado del mismo grupo, Carlos Augusto Muñoz, fue asesinado en la localidad de Juticalpa mientras se trasladaba en su coche.

Desde el año 2002, según fuentes del CAH, ya son 154 los abogados asesinados en Honduras con una impunidad de un 90%[1]. Este hecho, sumado a incontables amenazas y presiones, ha supuesto un éxodo masivo[2] de los profesionales del Derecho del país, debido a que el Estado no garantiza la protección del ejercicio de la abogacía.

La situación que vive la abogacía hondureña a día de hoy es crítica, ya que la falta de protección de los derechos y la vida de estos abogados condiciona muchas veces sus motivaciones para representar casos, algo que nunca debería sucederle a un abogado.

[1] Datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos

[2] Entre 500 y 700 abogados según Julio Orellana, Presidente del Colegio de Abogados de Honduras