La abogada fue asesinada el 3 de febrero en el centro de Tonalá (Jalisco). Su muerte aún no ha sido esclarecida, pero había recibido amenazas por su lucha contra varias empresas que utilizaban el basurero ilegal de Matatlán.
Guerrero representaba al Colectivo de Vecinos Urbi Quinta en la batalla legal contra varias empresas por la operación irregular del basurero de Matatlán, cerrado desde hace más de 10 años.
El 9 de febrero, la Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que la investigación se centraba únicamente en las actividades de la Verónica Guerrero como abogada y no en su papel como activista de derechos humanos y medio ambiente.
El Observatorio recuerda a las autoridades mexicanas que, de conformidad con Naciones Unidas, “la independencia de la abogacía es uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho”.
En este sentido el Observatorio recuerda la reciente condena al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos humanos en el caso del asesinato de la abogada Digna Ochoa. En concreto, la obligación de elaborar «un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos, que tengan en cuenta los riesgos inherentes a su labor, que exija un examen exhaustivo de la posibilidad de que el ataque esté motivado o vinculado a la promoción de los derechos humanos de la víctima, con perspectiva de género y de etnia».
También cabe recordar que el 2 de marzo se cumplen seis años del asesinato de la líder social y activista ambiental hondureña Berta Cáceres, que fue asesinada por su oposición activa al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
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