Madrid, 25 feb (EFE).- Un estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género subraya la necesidad de garantizar una reparación integral a las víctimas y plantea reformas legales para que el Estado asuma el pago de las indemnizaciones cuando el agresor se declare insolvente.

El informe "Prácticas de reparación de violencias machistas. Análisis y propuestas" ha sido presentado este viernes por su coordinadora, Tania Sordo, acompañada por la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, quien ha descartado de momento la propuesta.

Tras analizar el marco internacional, nacional, autonómico y local, el trabajo identifican buenas prácticas y propone diversas reformas legales para, por ejemplo, fijar unas indemnizaciones mínimas para las víctimas o impedir que en los casos de violencia machista pueda aplicarse la atenuante de reparación económica del daño.

Las expertas plantean también reformar la ley integral contra la violencia de género de 2004 para consagrar el derecho a la reparación integral; contemplar otras violencias machistas, además de las que ejerce la pareja o expareja; y establecer la obligación del Estado de proteger e indemnizar a todas las víctimas, independientemente de su situación administrativa.

Proponen así crear un Fondo estatal para la reparación de las víctimas y supervivientes de las violencias machistas, con especial atención a los huérfanos, y recurrir a él cuando el agresor se declare insolvente.

"No estamos en el momento en el que el Estado vaya a declararse responsable subsidiario de las responsabilidades individuales", ha admitido Rosell, quien ha recordado no obstante que en la ley de garantía de la libertad sexual sí está prevista la creación de un fondo para reparar a las víctimas de violencia sexual, que se nutrirá de bienes decomisados a proxenetas y a la industria de la explotación sexual.

La investigación concluye que deberían ser tratadas como víctimas, con derecho a reparación, los hijos de las víctimas de violencia machista y algunos de sus familiares o seres queridos; pide reforzar los servicios de atención especializada y propone reformas legales para que sus informes sean tomados en cuenta en los juzgados, evitando nuevas evaluaciones o declaraciones de las mujeres.

En este contexto subraya la necesidad de formar en "el derecho a la reparación" a todo el personal de las administraciones públicas que interviene en los casos de maltrato.

La reparación debe incluir restitución -el regreso, si es posible, al lugar de residencia y al antiguo empleo, la devolución de bienes, etc-; una indemnización proporcional a la gravedad de cada caso; rehabilitación, tanto física como psicológica; una satisfacción, desde disculpas públicas a homenajes; y garantía de no repetición, con formación, programas y leyes adecuadas.

En el caso de España, el informe explica que la reparación económica suele ser la forma más habitual de reparar a las víctimas, cuando sucede, pero señala también ejemplos de buenas prácticas más allá de la jurisprudencia.

Se recoge, por ejemplo, el mural encargado en 2019 por el Ayuntamiento de Madrid a la artista Raquel Riba, titulado "Mujeres árbol", y el pintado por Ruth Juan en el muelle de la Merced de Bilbao La Vieja, titulado "Supervivientes de la violencia machista".

También la decisión tomada en 2019 por el Ayuntamiento de Sevilla para cambiar la denominación de una calle para llamarla "Ana Orantes", asesinada en 1997 por su marido tras exponer en televisión su historia de maltrato durante 40 años de matrimonio.