“A pesar del sobreesfuerzo voluntarista de los letrados y letradas que integran estos servicios, la escueta dotación de medios asignada por la Administración hace que sea difícil asumir de manera simultánea la presencia en varios partidos judiciales del abogado de guardia”, ha señalado Ortega en la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ.
Ortega ha hecho alusión al artículo 20 de la Ley 1/2004 que exige que la asistencia en favor de la mujer víctima de violencia de género sea inmediata, “lo que implica una organización del servicio por parte de los Colegios de Abogados compleja”.
Junto a esto, ha solicitado el carácter preceptivo de la asistencia letrada a las víctimas de maltrato desde el momento previo a la interposición de la denuncia y su formulación: “Creo -y nadie de los aquí presentes dudará- que en esas circunstancias lo que más se reclama es la seguridad, apoyo, que claramente puede ser otorgado desde la asistencia jurídica. Ese apoyo en el momento anterior evitará circunstancias como la retirada de denuncias o la no ratificación de las denuncias ya interpuestas”.
Además, hizo hincapié en la importancia de la coordinación institucional “para combatir uno de los dramas más terribles de nuestro tiempo”.
Todo esto, ha recalcado, debe ir acompañado de la formación en los aspectos técnicos que permiten llevar a cabo una defensa eficaz. “Es necesario que se posibilite desde los Colegios la exigencia de la formación continua de letrados y letradas adscritos a este turno, de forma que se renueve y actualice la información y conocimiento inicialmente adquiridos”.
Junto a ella han participado en el antiguo Salón de Sesiones del Senado Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio; Álvaro García, fiscal general del Estado; Irene Montero, ministra de Igualdad; Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior; Manuel Olmedo Palacios, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia; Rafael Mozo, presidente del Consejo General del Poder Judicial , Ander Gil, presidente del Senado; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España y Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias y Justicia de Navarra.
Carmona ha aportado las cifras de violencia de género en lo que llevamos de año: 38 mujeres asesinadas, 26 huérfanos y otros 2 asesinados, unas cifras que ha calificado como “inasumibles”, y ha mostrado su apoyo a todos los jueces y juezas “por su entrega, esfuerzo y profesionalidad”.
Todos los intervinientes han coincidido en la importancia de la coordinación entre las instituciones y de conseguir la excelencia en el ámbito de la formación.
La primera mesa del encuentro “Respuesta especializada ante las diversas manifestaciones de violencia de género”, estuvo moderada por Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española.
María José Garrido Antón experta en ciberviolencia de género de la Secretaría de Estado de Seguridad analizó la violencia digital, que admite supone una vulneración de los derechos fundamentales, como el de la intimidad o secreto de las comunicaciones. “En el peor de los casos, el derecho a la vida”, lamentó. Y agregó que por la inmediatez de este tipo de violencia se están dando datos muy altos de conductas suicidas. Alertó por tanto, sobre importancia de la formación y la sensibilización, ya que hay unas cuotas muy altas de analfabetismo digital. “Es muy fácil copiar a través código QR las conversaciones de whatsapp. Si no hay contraseñas, en 30 segundos una persona puede acceder a todos tus chats. Y más aún en el ámbito rural, donde somos auténticos psicoeducadores´ de las víctimas”.
Ricardo Rodríguez Ruiz, magistrado de la Sección 21º de la Audiencia Provincial de Barcelona habló de violencia económica. Señaló que ésta no solo se refiere al impago de pensiones, sino que hay otros tipos y es fundamental que la víctima esté empoderada para salir de la situación en la que se encuentra. “Una víctima que se decidió a romper la relación con su maltratador me confesó que hubo un tiempo en el que estaba dispuesta a recibir una paliza diaria a cambio de que sus hijos tuvieran todos los días un vaso de leche caliente antes ir al colegio”. Y la situación se agrava más en el ámbito rural o en el caso de las mujeres inmigrantes, donde las víctimas están sometidas a una mayor sujeción al marido. “Por eso, hay que estar vigilantes con las medidas apoyo”, agregó.
Teresa Peramato, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer expuso la violencia sexual y la controversia tras la entrada el vigor de la Ley 10/202, que pretende impulsar la prevención de las violencias sexuales y garantizar los derechos de todas las víctimas. Y afirmó que en violencia sexual en ámbito pareja o de la ex pareja el Código Penal atribuye penas más graves. La fiscal advirtió que es necesario ser “cautelosos” ya que estamos ante un problema de derecho transitorio. “Hay que aplicar la ponderación y el principio de proporcionalidad”.
En este sentido, Santocildes hizo alusión al artículo 3 del Código Civil que establece que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, para dar la mejor respuesta a las víctimas y contribuir a una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia”.
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