“Es importante que se regule cuanto antes el carácter preceptivo de la asistencia legal a la víctima de violencia de género desde el momento inicial, anterior a la denuncia, para prestarle seguridad en todo el proceso”, aseguró Ortega en el primer acto de estas jornadas celebradas en Ciudad Real bajo el lema “Ni una víctima sin defensa”.
Tras mencionar las últimas cifras de violencia de género en nuestro país -37 mujeres asesinadas en 2021 y 1.110 desde 2003, 19 menores huérfanos en 2021, 323 desde 2013-, Ortega recordó que “la punta del iceberg más terrible de esta lacra es la llamada violencia vicaria”. Se trata “del daño más extremo que puede ejercer el maltratador, dañar a la mujer a través de sus seres queridos”.
Ortega además reconoció la importante labor de los abogados del turno de oficio “que prestan servicios de asistencia víctimas 24 horas al día y todos los días de la semana”.
Cipriano Arteche, decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, y Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, resaltaron la importancia de la formación de los profesionales de la abogacía para poder combatir esta lacra. Por su parte, Albino Escribano, decano del Colegio de la Abogacía de Albacete y presidente del Consejo de Castilla-La Mancha, incidió en lo fundamental de “establecer convenios en esta materia y fortalecer la unión de todos los agentes implicados, con una finalidad única: que desaparezca”.
En el acto intervino también Pilar Callado, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, quien aseguró que resaltó el papel de la abogacía: “Es fundamental la defensa y la correcta atención profesional para que las mujeres den el paso a denunciar”.
Petra Sánchez, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Ciudad Real, incidió en la necesidad de “sensibilizar en las edades más tempranas a través de talleres para prevenir la violencia de género y la igualdad oportunidades”, señaló. Y la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, incidió en que “ante la violencia hay que denunciar”.
Tras la inauguración se abordó la violencia vicaria. Lucía Avilés Palacios, magistrada del Juzgado de lo Penal Nº 2 de Mataró, afirmó que “se trata de un concepto jurídicamente no consolidado”. Y señaló que la “principal dificultad para combatirla es la ausencia de datos iniciales de su existencia, de ahí la necesidad de llevar a cabo estudios oficiales”. También apuntó la necesidad de que los poderes públicos tomen las medidas regulatorias necesarias para el control del régimen de visitas y prohibir esas visitas cuando haya un procedimiento iniciado o en vías de iniciarse. “Prevención, protección y persecución son las tres P para luchar contra esta violencia”, concluyó.
Sobre violencia económica se habló en una mesa redonda con Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Mª Isabel Martínez Pérez, vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española.
Martínez Pérez contó que el 11,5 % de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido en algún momento de su vida violencia económica. Pero “menos del 40 % busca algún tipo de ayuda”. “A la víctima se le indemniza, pero no se la repara y es una secuela que le va a quedar de por vida”, añadió, antes de explicar que la mayoría de los delitos de violencia económica no son punibles, ya que “no están tipificados como delito, de ahí la importancia de visibilizarlos para erradicar esta violencia”.
Magro, por su parte, destacó que este tipo de violencia se ejerce mediante el impago de pensiones pero también, por ejemplo, de la cuota hipotecaria, “lo que supone un daño añadido”. También incidió en la importancia de cuantificar el daño moral de este tipo de violencia, “que lleva a la víctima a una situación de ansiedad y permanente, que se puede desdoblar en un daño moral psicológico y psíquico”.
La jornada de tarde acogió la ponencia de discapacidad y violencia de género. La abogada Paloma Cascales lamentó que “todavía queda mucho camino por recorrer en la protección de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género”. Y celebró la modificación del art. 94 del Código Civil, en cuanto al régimen de visitas a padres que tengan un proceso legal abierto por violencia, como vía para proteger a las personas menores y a las personas mayores con discapacidad, si bien, mostró su preocupación por las lagunas observadas en la redacción del artículo y en la aplicación por parte de la autoridad judicial. En ese sentido se preguntó qué pasa cuando ambos padres han interpuesto denuncias cruzadas, ¿se les negará a ambos las comunicaciones con los menores o discapacitados?.
En la última ponencia, Marta del Pozo Pérez, profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, expuso cómo se lucha contra la violencia de género en el mundo rural, con asistencia psicológica “de oficio”, agilización de procesos judiciales y protocolos específicos.
La jornada de la tarde acabó con dos píldoras informativas, en las que se informó de los Convenios con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Protección de Datos y se emitió el cortometraje documental sobre violencia de género “Una palabra”, dirigido por el abogado de Ciudad Real, José Antonio Merchán Calatrava.
Los participantes afirmaron que las mujeres españolas que sufren violencia de género en el exterior también se encuentran más desprotegidas. El Convenio firmado entre la Fundación Abogacía y el Ministerio de Asuntos Exteriores para asesorarles jurídicamente cuando sopesan o están preparando su regreso a España mejora la atención que se les facilita en el ámbito jurídico. El Convenio entre la Abogacía y la Agencia Española de Protección de Datos, por su parte, tiene como finalidad comunicar la difusión de contenido sensible a través de internet y redes sociales-como puede ser de contenido sexual- y solicitar su retirada a través del Canal Prioritario.
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