Casi un 69 por ciento de las sentencias dictadas en violencia de género fueron condenas, con un incremento interanual de 1,2 puntos. 2.077 denuncias fueron presentadas ante los órganos judiciales, un 1,4 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2017. Más de cuarenta mil mujeres figuran como víctimas de violencia de género en este segundo trimestre de 2018, un 0,3 por ciento menos que el año anterior

Durante el segundo trimestre de 2018, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 13.384 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 68,4 por ciento (9.149) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 1,2 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017, que representaron  un 67,2 por ciento del total. 

Según los datos estadísticos dados a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 85,8 por ciento, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 83,6 por ciento. Un 58,6 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias. Todas estas cifras suponen incrementos de entre uno y dos puntos respecto a las del mismo trimestre del año anterior. 

Menos denuncias y menos víctimas 

Un total de 40.232 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 42.077 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2018, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ. Tal y como sucediera en el trimestre anterior, se observa una leve disminución tanto en el número de denuncias como en el de víctimas. 

Las denuncias presentadas suponen una disminución del 1,4 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 42.689. Asimismo disminuyó en un 0,3 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el segundo trimestre de 2017 fue de 40.366. 

En el segundo trimestre de 2018, de las víctimas, 27.477 mujeres eran españolas (un 68,3 por ciento) y 12.755, extranjeras (un 31,7 por ciento). 

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que fue de 16,89, las comunidades de Baleares, con una ratio de 26,13, Comunidad Valenciana, con una tasa del 22,14, Murcia, con 21,33 y Andalucía, con una tasa ligeramente superior a 20, mientras que la ratio más baja se dio en Castilla y León, con 10,25, Extremadura, con 11 y Galicia, con 11,50. 

Incremento del número de denuncias presentadas por familiares de las víctimas 

Más de un 67 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un descenso de dos puntos sobre el porcentaje observado en el segundo trimestre del año anterior. 

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 16 por ciento de los casos –dato levemente superior al año anterior- constatándose un importante incremento en las denuncias presentadas por familiares directamente ante los órganos judiciales (152 frente a 99 del año anterior), aunque el porcentaje, incluyendo las denuncias de familiares ante la policía (747, frente a 727 el año anterior), siga siendo aún bajo, apenas un 2,14 por ciento del total. Algo más de un nueve por ciento de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un 5,2 por ciento a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas. 

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Víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar 

En 4.426 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 11 por ciento del número de mujeres víctimas, cifra ligeramente superior al mismo trimestre del año anterior, que fue de un 10,3 por ciento. 

En 2.891 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.535 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (12,03) que en las mujeres españolas (10,52). 

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial. 

Menos  solicitudes de órdenes de protección 

Durante el segundo trimestre del año se solicitaron 11.279 órdenes de protección en los órganos judiciales, disminuyendo así la cifra de 11.776 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior. 

Un total de 9.906 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone una disminución del 3,28 por ciento respecto al segundo trimestre de 2017, en que se solicitaron 10.242 órdenes de protección. 

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 67,8 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (6.714 adoptadas frente a 9.906 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un dato similar al del primer trimestre del año anterior, en que se concedió el 67,9 por ciento de las órdenes de protección solicitadas. 

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, 6.728 (un 68 %) correspondieron a mujeres españolas y 3.178, a extranjeras. 219 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, un 2% del total. 

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.373), se acordaron 1.021, un 74 por ciento. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 7 de cada 10 víctimas que solicitaron orden de protección eran españolas. 

Aumento de las medidas judiciales civiles de protección 

Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el segundo trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 4.267 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así la cifra de 4.138 medidas adoptadas el año anterior. 

De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.145) y de prestación de alimentos (1.357). En 345 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 194 casos a la suspensión del régimen de visitas. 

En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 16.272 (frente a las 16.217 del mismo trimestre del año anterior), de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 6.194 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.206 casos. Se adoptaron asimismo 352 medidas privativas de libertad. 

• Juzgados de violencia sobre la mujer 

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en el segundo trimestre de este año un total de 2.014 juicios sobre delitos leves, de los que un 41 por ciento (833) fueron de enjuiciamiento inmediato. En un 83 por ciento de los casos los juicios fueron por injurias o vejaciones injustas. 

Estos juzgados ingresaron a lo largo del trimestre 53.027 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 53,3 por ciento, corresponde al delito de maltrato habitual contemplado en el artículo 153 del Código Penal y un 11,6 por ciento al maltrato previsto en el artículo 173 de la misma norma.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el segundo trimestre de 2018 estas demandas sumaron un total de 4.571, cifra superior a la del mismo trimestre de 2017, que fue de 4.125, aunque manteniendo la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas. 

• Juzgados de lo penal 

Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 8.311 asuntos, superando una vez más el número de asuntos que ingresaron, que fue de 8.232. 

Estos juzgados dictaron 8.009 sentencias, de las que el 56,64 por ciento (4.536) fueron condenatorias, lo que indica un incremento porcentual de algo más de medio punto respecto del año anterior. 

• Audiencias Provinciales 

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 116 sentencias, 97 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 83,6 por ciento, tres décimas por encima del mismo trimestre de 2017. 

• Juzgados de menores 

Por último los juzgados de menores enjuiciaron en el segundo trimestre del año a 74 menores de edad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Se impusieron medidas en un 94,6 por ciento de los casos, afectando a 70 menores, de los que 61 eran españoles. 

En este segundo trimestre del año se ha detectado un descenso en el número de menores enjuiciados, 74, frente a los 84 menores del segundo trimestre de 2017. 

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona 

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: en primer término, el incremento de las medidas civiles tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores, así como el mantenimiento del porcentaje de órdenes de protección concedidas, casi un 68 por ciento en los juzgados de violencia sobre la mujer y superior al 74 por ciento en los juzgados de guardia. 

En el mismo sentido, cabe destacar la consolidación de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, tras el aumento interanual de más de un punto porcentual. 

Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona. 

Al constatar, por otra parte, el descenso  de las denuncias (un 1,4 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2017), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la disminución, siempre importante, del número de víctimas de violencia de género y también en el incremento, aunque todavía insatisfactorio, de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas, y por otro lado, en la necesidad de apostar por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas. 

La presidenta del Observatorio no puede dejar de mencionar el tremendo dolor y desgarro interior que experimenta la sociedad española con todos y cada uno de los episodios de violencia de género que, desgraciadamente, han proliferado en las últimas semanas. Y una vez más, vuelve a apelar al esfuerzo y  a la generosidad de todos los estamentos sociales y políticos para que puedan ser visibles muy pronto los efectos beneficiosos del Pacto de Estado. 

Finalmente, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, a la vez que recuerda que las víctimas de violencia de género se merecen la unidad de todos (fuerzas políticas y sociales, colectivos y corporaciones, sociedad y medios de comunicación) en la respuesta frente a un fenómeno que tiñe de sangre nuestra convivencia ciudadana, pide a las víctimas que sigan confiando en las instituciones del Estado, inmersas como están –que no quepa duda- en la tarea de erradicar de la sociedad la violencia sexista.