La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a veinte años de cárcel a un hombre de 40 años por violar a una septuagenaria en Bueu en marzo de 2017. El tribunal, que lo ha considerado culpable de delitos de agresión sexual, lesiones y robo con violencia, también le ha impuesto diez años de libertad vigilada y la prohibición, durante el mismo periodo, de comunicarse y aproximarse a la víctima. Los jueces destacan que el acusado “conocía perfectamente la casa de la afectada”, ya que había realizado trabajos de albañilería en ella.
Los magistrados relatan en la sentencia que el sospechoso, tras fracturar de madrugada los cristales y barrotes de aluminio de las puertas del inmueble, accedió a su interior hasta llegar al dormitorio de la víctima, que vivía sola y estaba durmiendo. Para evitar ser identificado, según consta en la resolución, vestía ropa oscura y cubría su cara con un pasamontañas.
Tras encender la luz del dormitorio y sorprender a la mujer, quien intentó sacarle el pasamontañas, la empujó hacia atrás, la abofeteó, le sacó por la fuerza el pijama, la amordazó con cinta aislante alrededor de la cabeza y de la boca, le tapó la cara con la ropa de la cama y le ató con cuerdas las manos hacia atrás y los tobillos a cada uno de los lados de la cama. A continuación, la violó.
El condenado cogió una botella de vino y, tras verterla en la sábana bajera de la cama, limpió con un trozo de ella los genitales de la víctima con la intención de eliminar cualquier vestigio o resto biológico. Aprovechando el estado en el que se encontraba la mujer, los jueces consideran acreditado que revolvió su bolso y los armarios, de los cuales sustrajo 1.250 euros. Antes de huir, para evitar que la afectada pidiese auxilio, tiró su teléfono móvil a la basura.
El tribunal destaca que, además del ADN del acusado encontrado en el lugar de los hechos, también se situó su teléfono en las inmediaciones de la casa de la víctima a la hora de ocurrir la agresión. Además, subraya que la declaración de la denunciante fue “veraz, creíble y sin contradicciones”.
El agente de la Guardia Civil que instruyó el atestado afirmó que la investigación se inició en el mes de julio de 2016, al haber sido denunciada una violación por parte de la expareja del hermano del acusado. En septiembre de ese año, la mujer de su hermano, con la que estaba en trámites de divorcio, también denunció una violación en Cangas. La investigación continuó en marzo de 2017 con la agresión sexual de una mujer de 75 años en la misma zona. El guardia civil destacó que en los tres casos “se daba el mismo modus operandi” y que en los dos primeros el vínculo era que ambas víctimas habían sido parejas del hermano del acusado.
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