Estrasburgo (Francia), 4 oct (EFE).- Las negociaciones sobre la futura directiva europea de violencia contra las mujeres han encontrado un escollo en la inclusión en el texto del delito de la violación y su definición con la ausencia de consentimiento, un paso ambicioso que defiende sin ambages el Parlamento Europeo pero al que se oponen un amplio número de Estados miembros.

La división quedó reflejada en la segunda sesión de negociaciones entre la Eurocámara y la presidencia española del Consejo -que este semestre negocia en nombre de todos los Estados miembros- para esta directiva, celebrada en Estrasburgo y en la que se constató que, por el momento, solo unos nueve Estados miembros (de 27) están a favor de incluir la violación en el texto final.

En el centro de la división está un informe de los servicios legales del Consejo que considera que el delito de la violación queda fuera de las competencias comunitarias.

Según su criterio, la mención a la explotación sexual en los tratados de la Unión Europea se refiere al tráfico de seres humanos y no a la agresión sexual que supone una violación.

Por contra, la opinión jurídica de los servicios de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sí considera que la violación tiene encaje en la definición de explotación sexual, que es el término que figura en los tratados.

Por el momento, Bélgica, Grecia, España (antes de iniciar su presidencia), Italia, Luxemburgo e Irlanda se han posicionado claramente a favor de la inclusión de la violación en el texto, mientras que Croacia y Finlandia han dado "indicaciones verbales" de que lo harían y Suecia, pese a no haberse pronunciado aún formalmente, había hecho también referencias en esta línea durante su presidencia.

El resto, incluyendo a Francia y Alemania, tiene "diferentes niveles de reticencias", según fuentes parlamentarias.

Una de las dos eurodiputadas que negocian en nombre de la institución, la popular irlandesa Frances Fitzgerald, dijo a EFE este miércoles que aplaude la "motivación" de España para sacar adelante este punto de la directiva, pero reconoció que "queda mucho que hacer" para llegar a la mayoría cualificada necesaria entre los Estados miembros.

"Será necesario bastante trabajo detallado por parte de España. Sabemos que están muy ocupados, que tienen migración, que tienen Ucrania, pero le pediríamos que hagan el máximo esfuerzo posible con los Estados miembros para incluir la violación en la directiva", dijo la eurodiputada.

Reconoció no obstante que España tendrá que defender la opinión mayoritaria de los socios y no la suya propia durante su presidencia semestral.

Otro de los puntos en los que chocan el Parlamento y algunos países de la Unión Europea es en cómo se define una violación.

Así, mientras que la Eurocámara cree que este delito debe caracterizarse por la ausencia del consentimiento por parte de la víctima, varios Estados miembros aún piensan que el uso de la fuerza por parte del agresor es necesario para considerarlo una violación.

Fitzgerald subrayó que la Eurocámara peleará también por incluir en la directiva delitos como la mutilación genital femenina e intersexual, el matrimonio y esterilización forzados o la ciberdelincuencia contra las mujeres.

Pero advirtió de que una directiva de violencia contra las mujeres que no referencie las violaciones, "una de las agresiones sexuales más graves", sería muy difícil de explicar a las mujeres europeas.