“Cuando vemos cómo la gente se ahoga ante nuestros ojos, en nuestras playas, nuestro hijos y nuestros nietos, cuando echen la vista atrás, nos van a preguntar cómo lo pudimos permitir”, ha advertido O’Reilly durante un desayuno informativo en el que ha sido presentada por su homóloga española, Soledad Becerril.
La Defensora europea ha asegurado que se trata de una crisis de refugiados, no de una crisis que migratoria, “porque son personas que huyen de la persecución”, algo que le preocupa “muchísimo”. En este sentido, ha alertado sobre la repercusión que puede tener la victoria de Donald Trump con sus mensajes “antiimigratorios y racistas” en Europa, donde están eclosionando líderes “populistas” contrarios a la acogida de refugiados.
“Aunque todos podamos sentir vergüenza dentro de unos años, al mismo tiempo tenemos que reconocer que se han hecho cosas importantes para proteger a estas personas”, ha subrayado Emily O’Reilly, que ha valorado el papel de las instituciones europeas en materia humanitaria. No obstante, ha admitido que hay “muchas cosas” que no están bajo el control de la misma, sino que se requiere “decisión política”.
La Defensora ha indicado que los ciudadanos españoles son de los que más recurren a su institución y que de las 261 investigaciones realizadas, 27 provenían de reclamaciones de españoles. Uno de los últimos temas analizados tras una queja española ha sido precisamente sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía relativo a los refugiados. “Los españoles están preocupados por cómo se está gestionado esta crisis”, ha apostillado.
Preguntada por cómo ha actuado España en este asunto, O’Reilly no ha querido entrar a valorar esta cuestión y ha subrayado que su institución se ha fijado, sobre todo, en los países europeos que “se han negado a acoger refugiados”, una “reacción”, que, a su juicio “no merecen” estas personas.
Otro de los asuntos a los que ha tenido que responder durante este encuentro informativo ha sido a cerca de la tardanza de la justicia europea, una tema que, según la Defensora, se ha intentado solucionar duplicando el número de jueces, pero que no terminado de solventarse porque también habría que aumentar los puestos de las personas que hacen el trabajo preparatorio de las instrucciones judiciales.
O’Reilly ha asegurado que su oficina “vigila” el funcionamiento de los tribunales y ha admitido que la crisis económica ha provocado un aluvión de recursos que ha “agravado la tardanza” de los procedimientos. En este sentido, ha recordado que ella no tiene la competencia de poner multas a los jueces que se retrasan, como en cambio sí hace algún defensor europeo dentro de su ámbito.
Preguntada por la transparencia de las ONG en la Unión Europea la Defensora ha admitido que existen “conflictos de intereses” y considera que estas organizaciones tienen que inscribirse en el registro de transparencia y “someterse a las mismas reglas que cualquier empresa”. “Las ONG deben ser transparentes en cuanto a su financiación y grupos de presión como cualquier entidad privada”, ha concluido.
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