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Isabel Saco

Ginebra, 13 may (EFE).- Cerca de doscientos países iniciaron este lunes la etapa final de una negociación que puede dar paso a que se reconozcan, por primera vez, los recursos genéticos y conocimientos ancestrales utilizados en una invención con el fin de que sus beneficios económicos sean compartidos con los países y pueblos de origen.

Uno tras otro, los participantes no dudaron en recordar el carácter "histórico" de estas negociaciones, iniciadas hace 25 años por iniciativa de Colombia y que tienen la intención de culminar en dos semanas con la adopción de un tratado internacional que garantice los derechos de los pueblos indígenas, aborígenes y afrodescendientes sobre sus recursos y saber ancestral.

A las negociaciones han acudido no solo los gobiernos, sino representantes de poblaciones ancestrales de distintos países y regiones del mundo, que seguirán las deliberaciones que se realizan bajo los auspicios y en la sede global de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra.

Al inaugurar la primera plenaria de estas negociaciones, previstas hasta el próximo día 24, el director general de la OMPI, Daren Tang, recordó que los avances de la humanidad se han sustentado ampliamente en los recursos genéticos, principalmente en áreas como la medicina o el sustento de las poblaciones, lo que se ha acentuado con los desarrollos tecnológicos y en las ciencias de la vida.

"Los recursos genéticos ayudan a mejorar la producción de alimentos, la productividad de los cultivos y a fortalecer la agricultura frente al estrés del cambio climático", mencionó.

Uno de los temas centrales que defienden los países en desarrollo -donde se encuentran la gran mayoría de recursos que están en el centro de estas negociaciones- es que el futuro tratado incluya una clausula de divulgación obligatoria sobre el origen de los recursos genéticos utilizados como ingredientes de productos nuevos que se patenten o de prácticas tradicionales usadas en su formulación.

Algunos países van más allá y reclaman que las compañías que deseen utilizar estos recursos y conocimientos cuenten con el consentimiento previo e informado de las poblaciones autóctonas de donde provienen, como una forma de prevenir una apropiación indebida.

En una primera intervención, la delegación de Perú dijo que esto forma parte de los esfuerzos para detener la pérdida de biodiversidad y de pagar una deuda pendiente con las poblaciones indígenas, mientras que Paraguay sostuvo que "no se trata de crear un nuevo derecho", sino de reconocer el que incumbe a estos pueblos.

México planteó que estas negociaciones deben dar lugar a un reparto "justo y equitativo" de los beneficios que produzca su explotación y a que se establezcan sanciones cuando esto se incumpla.

Australia consideró que la divulgación debería aplicarse cuando el recurso en cuestión sea un "componente significativo" en una solicitud de patente, lo que avanza el tipo de sutilezas que determinarán el éxito o fracaso de estas negociaciones puesto que "significativo" puede tener diversas interpretaciones de acuerdo a los intereses que se defiendan.

Sudáfrica pidió a todos dar el paso para transformar el sistema internacional de propiedad intelectual y hacerlo más justo, "protegiendo la diversidad biológica y a las poblaciones de la explotación y de un uso indebido" de sus recursos.

Varios países recalcaron además de que en este periodo de guerras y división alcanzar un nuevo tratado internacional -idealmente por consenso, sin tener que llegar a una votación- sería una muestra de que el sistema multilateral todavía funciona y que es posible superar desacuerdos creados por intereses divergentes. 




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