Desde hace ya unos años la tecnología se ha integrado en nuestro día a día, configurándose, para determinados ámbitos, como fundamental. Lo que parecía que empezaba como proyectos aplicables solamente en el ámbito del ocio, hoy en día es una necesidad en cualquier esfera.

De hecho, hoy por hoy podemos afirmar que la tecnología supone una nueva ciencia que crece a un ritmo vertiginoso. Es imposible imaginarnos una realidad sin un GPS o el e-trading, esto es la compraventa online desde cualquier país.

No obstante, la rápida configuración y avance de la tecnología y la información no se ha correspondido en unas mismos términos en la configuración de una normativa que regule las relaciones online. Por no referirnos a una normalización normativa a nivel europeo. Pero poco a poco.

Conscientes de ello, las instituciones europeas tienen como uno de sus principales objetivos para este 2016 el desarrollo normativo de la llamada “economía digital”, y ello por varios motivos. El principal de ellos el mencionado anteriormente: ha quedado acreditado que la economía digital – en números de la Comisión Europea- crece 7 veces más deprisa que el resto de la economía;

En segundo lugar, cabe mencionar que Europa va a la zaga de otros países en cuanto a redes digitales veloces, fiables y conectadas, que son al fin y al cabo las que sustentan nuestras economías y están presentes tanto en nuestra vida privada pero cada vez más en nuestros quehaceres profesionales; y en tercer lugar no debemos olvidar los costes que supone lo anterior: una de las principales ventajas de la economía y comunicación digital es la reducción considerable en cuanto a costes se refiere.

Pero para aprovechar bien esta rentabilidad, debemos tener sistemas políticos y jurídicos que sean compatibles entre sí, pues lo que sí se ha demostrado es que a día de hoy a un mismo ciudadano tendrá un coste diferente dependiendo de donde se encuentre, y ello es incompatible y perjudicial tanto para los mismos ciudadanos como también para las empresas; y al fin, la economía.

Para ello, se creó en 2010 una “Agenda Digital para Europa”, cuyo objeto es el de impulsar la economía europea aprovechando las ventajas económicas y sociales sostenibles del mercado único digital. A pesar de que podamos pensar que hoy en día “todo el mundo se sirve de internet” lo cierto es que todavía hay millones de personas (aproximadamente un 11% de la población en 2014) que nunca lo han usado.  Por ello, uno de los objetivos principales de la Unión Europea es promover un acceso a internet rápido y ultrarrápido para todos los usuarios a precios asequibles. Y ello se hará mediante la implantación de redes de acceso de  nueva generación (NGA).

Además, se debe tener en cuenta que hay ciertos colectivos de personas –tales como los ciudadanos con discapacidad- que tienen especiales dificultades a la hora de disfrutar de los servicios digitales o electrónicos.  Y como se ha indicado anteriormente, estamos evolucionando hacía una economía absolutamente digitalizada, por lo que deberemos contar con herramientas y una regulación propia para, por un lado aprovechar bien todas sus ventajas, pero por otro , limitar las posibles vulneraciones que se pueden dar debido a la libertad que supone la plataforma online (véase, la ciberdelincuencia).

No obstante, para poder desarrollar de una forma efectiva los objetivos y contenido de la Agenda Digital europea, deben superarse los siguientes obstáculos, ya identificados por la Unión Europea, y que dificultan directamente su labor en el mercado único digital: la fragmentación de los mercados digitales, la falta de interoperabilidad, el incremento de la ciberdelincuencia y el riesgo de escasa confianza (todavía) en las redes, la ausencia de inversión en las redes, la insuficiencia de los esfuerzos de investigación e innovación, las carencias en la alfabetización y capacidad digital y la pérdida de oportunidades para afrontar los retos sociales.

Ahora bien, ¿qué actuaciones pretende implantar y desarrollar la Agenda Digital Europea?

En primer lugar, como ya se ha dicho, la base es la creación de un mercado único digital. Para ello, la Comisión Europea ya se ha anunciado la redacción de una Directiva Europea marco sobre la gestión colectiva de derechos (por ejemplo, derechos de autor…). En un mismo sentido, se revisará la ya existente Directiva sobre la reutilización de la información del sector público, a fin de poder flexibilizarla.

Otro gran pilar en los objetivos de la Agenda Digital europea será fomentar y flexibilizar los pagos y la facturación vía online/electrónica.  Para ello, se pretende crear la ya llamada Zona Única de Pagos en Euros (ZUPE), así como revisar la Directiva sobre firmas electrónicas para así poder ofrecer sistemas seguros de autenticación electrónica.

En tercer lugar, especial hincapié se hará por parte de la Unión Europea en fomentar la confianza del usuario/consumidor respecto a la seguridad de los pagos y el respeto a la intimidad. Como es sabido, la confianza es el principal motor de la economía, por ello habrá que revisar el marco reglamentario de la UE en materia de protección de datos, para así impulsar la confianza a niveles de compras online. En un mismo sentido, la UE ha hecho pública su intención de publicar un código en línea que recopile, de una forma clara y accesible, los derechos de los ciudadanos en el mercado único digital. Éste también hará referencia al derecho contractual, así como al reglamento de resolución de disputas en línea a escala europea.

Otras iniciativas, pendientes de desarrollo, son la unificación de los servicios de telecomunicaciones, el aumento de la seguridad online, la necesidad de inversión en investigación e innovación (en números de la Unión Europea, por cada dos puestos de trabajo perdidos “en el mundo real”, la economía de internet crea cinco puestos. Esto significa, en %, que la economía digital crece, hoy por hoy y de momento, un 12% al año).

Como referencia, podemos decir que la economía digital hoy es mucho mayor que la economía nacional de Bélgica, la capital europea. Se calcula que la mitad del aumento de la productividad se debe a la inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones. No obstante, todavía hay deficiencias y falta de profesionales.

En definitiva, podemos afirmar que hoy por hoy la sociedad de la información constituye un motor esencial de la economía y la productividad, y puede ser la solución más efectiva tanto a nivel profesional como sobretodo, en nuestra vida cuotidiana. Por ejemplo, la televigilancia puede mejorar los índices de supervivencia de los pacientes de enfermedades cardíacas en un 15 %, reducir un 26 % los días de hospitalización y ahorrar un 10 % de los gastos de asistencia sanitaria.  Las recetas electrónicas o la medicina online pueden evitar un 15 % de los errores de dosificación de medicamentos. El número de personas de más de 65 años en la UE aumentará más del 30 % hasta 2060. Los “robots sociales para el cuidado de mayores” pueden hacer tareas cotidianas como cargar pesos o cocinar. También pueden accionar una alarma si su cámara incorporada detecta la caída de una persona. Una nueva asociación sobre robótica entre los sectores público y privado recibirá financiación de la UE por valor de 700 millones de euros, que le permitirán movilizar otros 2000 millones en inversiones privadas.

La aplicación de las iniciativas analizadas exigirá un nivel constante de compromiso a nivel de las instituciones europeas y de los Estados miembros. La coordinación correrá a cargo de un grupo de comisarios habilitados para ello, que deberán establecer los vínculos oportunos entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

Una muestra de la importancia que la Unión Europea está otorgando a la configuración de la “economía digital” es la publicación del Reglamento 2016/679, del pasado 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Con esta nueva normativa –recordemos, de aplicación y efecto directo en los Estados Miembros- , se deroga la antigua Directiva  95/46/CE.

No estamos dando a conocer ninguna novedad si simplemente afirmando que existe un nuevo Reglamento relativo a la protección de datos. Lo relevante en este caso es la necesidad de renovación y actualización de la protección de datos, y ello derivado al impulso que está dando, como hemos ya acreditado, la tecnología de la información.

Un claro ejemplo lo vemos en el artículo 17 del referido Reglamento, que regula el ya afamado “derecho al olvido” configurado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la protección de los datos personales. La magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales ha aumentado de manera significativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades. Las personas físicas difunden un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha transformado tanto la economía como la vida social, y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos personales dentro de la Unión y la transferencia a terceros países y organizaciones internacionales, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos personales.

Estos avances requieren un marco más sólido y coherente para la protección de datos en la Unión Europea, respaldado por una ejecución estricta, dada la importancia de generar la confianza que permita a la economía digital desarrollarse en todo el mercado interior. Las personas físicas deben tener el control de sus propios datos personales. Hay que reforzar la seguridad jurídica y práctica para las personas físicas, los operadores económicos y las autoridades públicas.

La crisis financiera de 2008, cuyas consecuencias todavía arrastramos a día de hoy, puso de manifiesto ciertas debilidades estructurales de la economía europea. La estrategia “Europa 2020” lanzada por la Comisión Europea en 2010 constituye uno de los elementos de respuesta a esta crisis. Fija objetivos en materia de empleo, productividad y cohesión social. La estrategia digital para Europa se inscribe en la estrategia Europa 2020 y constituye una de las siete iniciativas emblemáticas de la misma.