Crear la zona de libre comercio más grande del mundo, la que engloba UE y EEUU no será sencillo. En estos momentos que están sobre la mesa las negociaciones sobre el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP) están provocando una comprensible preocupación en amplios sectores de la ciudadanía, a causa de los contenidos normativos que se han difundido y del secretismo en las conversaciones que se están llevando a cabo. El tratado tiene como objetivo declarado eliminar las barreras comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios. Desde Jueces para la Democracia se contempla con temor que el tratado genere efectos negativos en los derechos sociales de los ciudadanos.También se habla de servicios públicos y prestaciones sociales. Pero lo que más preocupa a esta asociación de jueces progresistas es que se cree un Tribunal Arbitral independiente de las jurisdicciones nacionales.
Que Greenpeace Holanda publicase hace unos días documentos sobre las negociaciones del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP) con el objetivo de proporcionar la "transparencia necesaria" sobre este tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) y tenga lugar "un debate informado", ha generado más malestar que lo que se buscaba transparencia en este asunto.
Después de esas revelaciones se han oído las primeras voces sobre esta negociación, como es el caso de Jueces para la Democracia quien en un comunicado hecho público ayer señalaba que el objetivo de generar la mayor zona de libre comercio del mundo genera sombras inquietantes, pues el tratado puede provocar efectos muy negativos en los derechos sociales, a causa de las profundas divergencias de las legislaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, que proceden de culturas jurídicas muy distintas.
Para esta asociación de jueces progresistas hay que indicar que “puede causar el enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra y la consiguiente desprotección de los derechos laborales, bajo el falso alegato de ser más competitivos en el mercado exterior. También puede afectar al diseño de los servicios públicos y de las prestaciones sociales. “
Desde esta entidad se indica que en materia medio ambiental está provocando bastante preocupación debido a la diferente regulación agroalimentaria europea y estadounidense. Y nos parece alarmante que se apruebe un nuevo marco jurídico de semejantes dimensiones sin la participación y opinión de la ciudadanía, ni la posibilidad de que las cláusulas del tratado puedan ser modificadas posteriormente por los distintos estados. Todo ello resulta especialmente grave si consideramos que el TTIP puede limitar de manera muy sensible la capacidad legislativa de los estados.
Peligroso crear un tribunal arbitral independiente
Además, desde Jueces para la Democracia se rechaza la iniciativa de crear un tribunal especial en materia de arbitraje internacional que sustituiría parte de las competencias asignadas a los órganos judiciales nacionales y europeos. Dicho tribunal especial asumiría competencias en materia civil, laboral, administrativa y fiscal, entre otras materias. Dicha medida representa una usurpación de las funciones judiciales estatales, caracterizadas por su independencia e imparcialidad, para adjudicarlas a un organismo vinculado a las grandes corporaciones económicas y a los gobiernos más importantes del mundo.
Para estos magistrados, la naturaleza de este tribunal especial puede incidir de manera muy negativa en los derechos laborales, en los derechos de los/as consumidores/as y en las normas de protección del medio ambiente. Desde Jueces para la Democracia se indica que los conflictos jurídicos que puedan surgir en la aplicación de este tratado pueden ser resueltos de manera efectiva por los órganos judiciales nacionales y europeos. No existe ninguna necesidad de crear un tribunal especial de esta naturaleza, a no ser que se pretenda proteger relaciones económicas privilegiadas. Tampoco resulta admisible que la protección jurídica a los inversores llegue al extremo de que puedan reclamar ante un Estado y que dicha pretensión sea resuelta por un tribunal arbitral al margen del organigrama judicial estatal y europeo. Y recordamos que se pretende que las decisiones de estos organismos tengan carácter vinculante, lo cual puede provocar graves perjuicios a la sociedad, sin posibilidad de respuesta efectiva.
Además, como señala la mayor organización judicial alemana, DRB, resulta más que dudosa la competencia de la Unión Europea para constituir un tribunal especial de inversiones internacionales al margen de los órganos judiciales ordinarios. Compartimos plenamente la visión crítica global de la judicatura alemana ante el tratado. Y también valoramos que no es un buen camino crear tribunales especiales que solo son accesibles a ciertos grupos de litigantes para que tengan un trato diferenciado.
Desde Jueces para la Democracia se valora que las referidas pérdidas de soberanía no se encuentran justificadas y que obedecen a razones económicas que no resultan acordes con el interés general. Rechazan la vulneración de principios básicos del Estado de Derecho que se puede producir con el tratado. Y expresan su voluntad de iniciar acciones con otras organizaciones judiciales europeas para mostrar nuestra oposición al TTIP.
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