La expropiación de terrenos en Chile es un mecanismo legal mediante el cual el Estado adquiere propiedades privadas para fines de utilidad pública o interés nacional. Sin embargo, existe una problemática menos visible pero igualmente significativa conocida como expropiación informal. Esta situación surge cuando las autoridades urbanas implementan modificaciones y restricciones en terrenos que, aunque no son formalmente expropiados, limitan drásticamente el uso y valor de las propiedades, afectando gravemente a los propietarios sin una compensación justa y adecuada.

	Catalina Alamo Misleh - Abogada Universidad de Los Andes

La expropiación informal se origina en parte debido a una falta de sensibilidad de los planificadores urbanos. En muchos casos, los proyectos de desarrollo urbano se llevan a cabo sin considerar adecuadamente el impacto sobre los propietarios de los terrenos afectados. Este tipo de intervención puede incluir ensanches de calles y avenidas, así como cambios en los planes reguladores que no son realmente necesarios. Estas acciones pueden reducir tanto el espacio útil de un terreno que su valor constructivo se ve gravemente afectado, perjudicando al propietario.

Dicho fenómeno impide al propietario del terreno que tiene el gravamen poder hipotecarlo toda vez que aquella expropiación se mencionaría en el certificado de expropiaciones respectivo. En estos casos, se produce lo que se denomina una expropiación normativa, donde el propietario ve limitado su derecho a disponer de su propiedad debido a las restricciones impuestas por las autoridades públicas.

El conflicto causado por la expropiación informal fue tan grande que llevó a la implementación de normativas específicas para abordar el problema. En el año 2003, bajo la administración del alcalde de Santiago, Jaime Ravinet, se introdujo una norma que establecía la caducidad de los permisos de expropiación después de 10 a 20 años si no se materializaba el proyecto de utilidad pública previsto, brindando así mayor certeza y justicia a los propietarios afectados por expropiaciones informales.

Sin embargo, en el año 2015, se introdujeron cambios significativos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Según el artículo 59, se estableció que las restricciones de uso de suelo no caducan automáticamente, sino que los propietarios mantienen el usufructo de sus propiedades y pueden modificarlas dentro de ciertos límites. Sin embargo, el Estado conservaría el derecho a materializar la expropiación cuando disponga de los recursos necesarios para ello.

La expropiación informal tiene un impacto considerable en los propietarios afectados, ya que limita severamente sus derechos y el valor de sus propiedades sin una compensación adecuada. Este tipo de expropiación es particularmente problemática en terrenos pequeños, donde las restricciones de uso de suelo pueden dejar al propietario con un espacio inutilizable. Además, la incertidumbre sobre el futuro de sus terrenos puede disuadir a los propietarios de invertir en mejoras o desarrollos adicionales.

A nivel internacional, la expropiación informal no es exclusiva de Chile. En países como España y México, se han registrado casos similares donde las autoridades urbanas implementan cambios en el uso de suelo que afectan negativamente a los propietarios. Por ejemplo, en España, los cambios en los planes urbanísticos a menudo resultan en la disminución del valor de las propiedades afectadas, generando conflictos legales y económicos. En México, la falta de una compensación adecuada para los propietarios afectados por expropiaciones informales ha llevado a múltiples litigios y demandas contra las autoridades locales.

Para abordar la problemática de la expropiación informal en Chile, es fundamental implementar una serie de medidas que garanticen la protección de los derechos de los propietarios y promuevan una planificación urbana justa y equitativa.

Por una parte, es crucial, antes de cualquier cambio en el uso de suelo, realizar una evaluación del impacto sobre los propietarios y comunidades afectadas, considerando de esa forma alternativas que minimicen las consecuencias negativas. Además, es menester asegurar que todos los propietarios afectados por expropiaciones, tanto formales como informales, reciban una compensación justa y adecuada que refleje el valor real de sus propiedades y los daños sufridos.

Además, sería ideal fomentar la transparencia en los procesos de planificación urbana y expropiación, permitiendo la participación activa de los ciudadanos para que sus necesidades y preocupaciones sean consideradas. Igualmente trascendente es revisar y actualizar las normativas para que las expropiaciones informales se realicen de manera justa, protegiendo los derechos de los propietarios.

Finalmente, proporcionar asesoramiento legal y apoyo a los propietarios afectados por expropiaciones informales sería un gran paso, ayudándoles a entender sus derechos y a tomar las medidas necesarias para proteger sus intereses.

En suma, la expropiación informal en Chile representa un desafío significativo tanto para los propietarios como para los planificadores urbanos. Es esencial continuar mejorando la legislación y los procesos de planificación para asegurar que los derechos de los propietarios sean respetados y que las expropiaciones se realicen de manera justa y transparente. La participación activa de los afectados y el asesoramiento legal especializado son factores clave para proteger los derechos de propiedad y garantizar una indemnización justa.