• Admite la queja de un armador español y remite el caso a la Comisión Europea y a la Comisión de Pesca del europarlamento
• El gobierno español reconoce irregularidades en 15 de los 96 buques inspeccionados aleatoriamente sin que el incumplimiento derivara en sanciones 
• El trucaje de los motores pone en riesgo de la sostenibilidad de los caladeros de pesca

El Parlamento Europeo ha admitido a trámite la queja presentada por el despacho Navas & Cusí contra el presunto trucaje de la potencia de los motores de pesca en la Unión Europea. “La Comisión Europea tiene obligación de supervisar que la potencia motora real sea igual a la certificada y no lo hacen; eso genera competencia desleal y un riesgo claro para la sostenibilidad de los caladeros de pesca”, señala Juan Ignacio Navas, socio director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho europeo.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió la queja el pasado 5 de junio “por tratarse de un asunto que forma parte del ámbito de actuación de la UE”. La presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wikström informa que se examinará el fondo de la cuestión y además remite el caso a la Comisión Europea y a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

La queja está abierta además a las adhesiones de otros buques o personas afectadas por los incumplimientos de supervisión de España y de la Comisión Europea. Y es que el mismo gobierno español reconoce -en respuesta parlamentaria- que detectó irregularidades en 15 de los 96 buques seleccionados aleatoriamente pero no aplicó el régimen sancionador y no les retiró ni provisional ni definitivamente la licencia para faenar. “El reconocimiento del gobierno español es explícito y en caso de que el Parlamento Europeo obligue a España a cumplir con el reglamento daría lugar a indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del Estado”, explica Navas

El experto añade que no sólo está en juego la responsabilidad civil del Estado sino el mismo reparto de las cuotas pesqueras. “Si el gobierno nacional no cumple con sus obligaciones mirando para otro lado ante los incumplimientos, puede que Bruselas se replantee las cuotas pesqueras en el espacio de la UE y España es el país más afectado”, apunta el socio-director de navascusi.com.

La queja plantea el riesgo de que los buques con motores manipulados “excedan la potencia de motor de sus licencias de pesca” y que se sobrepasen los límites de la política de pesca común. Para evitar estos riesgos, proponen “modificar el reglamento de control para exigir seguimiento continuo de las potencias motoras de los buques cuando estén activos”. En concreto, reclaman un monitoreo continuo de aquellos buques de más de 120 KW y “comunicaciones automáticas a las autoridades cuando las inspecciones se realicen en el mar”.

No es una opinión aislada sino compartida con muchos operadores europeos. La Comisión Europea elaboró recientemente un informe basándose en sus opiniones y un 40% concluye que el sistema de verificación “no es efectivo” frente a un 26% que sí lo considera efectivo. Además, un 37% considera que el sistema para compartir la información no es suficientemente transparente frente a un 30% que opina lo contrario. Lo que sí comparten de manera mayoritaria, en un 77% es que el sistema holístico de trazabilidad desde la red hasta la mesa refuerza la política común de pesca.

Un 52% consideran que existen deficiencias sistémicas y la mayoría concluye que los controles nacionales no son suficientemente disuasivos. Por eso la mayoría apoya el trabajo de la Agencia Europea de Control, de Pesca para evitar las ausencias de control.

LA queja planteada ante el Parlamento Europeo por un armador gallego de la mano de Navas & Cusí también sugiere controlar los días de mar, los días de pesca y la capacidad de las bodegas. “En definitiva, se trata de hacer efectivo el control de las capacidades motoras para evitar el fraude, la competencia desleal y garantizar la sostenibilidad de los caladeros”, explica Navas.

El socio-director de navascusi.com se muestra satisfecho por la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. “Tras el silencio de la Comisión Europea, el europarlamento parece haber tomado cartas en el asunto; la pesca es claramente competencia comunitaria y no puede haber vacíos de control e impunidad para los defraudadores”, concluye el experto.