Las medidas adoptadas por Israel en la Franja de Gaza después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 han generado un debate en torno a si podrían constituir un exceso por parte de las fuerzas israelíes. Estas medidas se basaron en el principio del derecho de legítima defensa, tal como se reconoce en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

El citado artículo 51 determina que ningún Estado miembro de las Naciones Unidas deberá ver menoscabado su derecho inmanente a la legítima defensa en caso de un ataque armado. Sin embargo, la clave para comprender estas medidas radica en la definición de un "ataque armado". A lo largo de los años, se ha debatido y discutido esta cuestión en profundidad, y se han realizado esfuerzos para definir lo que constituye un "ataque armado".

La resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU sobre la definición de la agresión, aprobada en 1974, establece que el "primer uso de la fuerza armada por un Estado en contravención de la Carta constituirá prueba prima facie de un acto de agresión". Sin embargo, esta resolución también reconoce que en algunos casos, especialmente en la era actual de proyectiles de largo alcance y tecnología avanzada de detección, el "primer uso" de la fuerza no necesariamente calificaría como un acto de agresión consumado.

Esta distinción plantea la pregunta de si el uso de la fuerza en primer lugar solo se justifica ante un ataque inminente o si también puede incluir actos preventivos en respuesta a amenazas menos inminentes. Normalmente se diferencia entre "amenazas inminentes" que justifican la legítima defensa y "amenazas latentes" o persistentes que no respaldan el uso preventivo de la fuerza armada.

Es fundamental comprender que la calificación de un acto de agresión corresponde a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza en términos muy amplios, lo que ha llevado a una interpretación compleja de estos conceptos en la práctica.

Un aspecto crucial del derecho internacional y los derechos humanos es la cuestión de la proporcionalidad en situaciones de conflicto. Si bien el derecho de legítima defensa permite una respuesta a un ataque armado, esta respuesta debe ser inmediata, necesaria y proporcional al ataque en cuestión. La proporcionalidad implica que la respuesta no debe ser excesiva ni desproporcionada en relación con la amenaza que representa el ataque original.

El concepto de proporcionalidad se ha convertido en un punto de controversia en muchos conflictos, incluido el conflicto israelí-palestino. En el contexto de los enfrentamientos, el uso de la fuerza a menudo resulta en víctimas civiles, lo que desencadena debates sobre si la respuesta fue proporcional a la amenaza y si se tomaron las medidas adecuadas para evitar daños colaterales.

El debate sobre si las medidas adoptadas por Israel en respuesta a los ataques de Hamás constituyen un exceso es una cuestión que a menudo depende de la percepción de la comunidad internacional. En situaciones de conflicto, diferentes actores internacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales pueden tener opiniones divergentes sobre si se han respetado los principios de la legítima defensa y la proporcionalidad.

Esta divergencia de opiniones a menudo se refleja en declaraciones públicas, resoluciones de la ONU y discusiones en foros internacionales. Los gobiernos y las organizaciones a menudo expresan su preocupación por las víctimas civiles y piden una investigación imparcial para determinar si se cometieron excesos.

Este debate en torno a la legítima defensa y la proporcionalidad también pone de manifiesto la insuficiencia y debilidad de los mecanismos de eficacia del cumplimiento de las normas internacionales. A pesar de las regulaciones y los principios claros en el derecho internacional, la aplicación y la interpretación de estas normas a menudo dependen de las circunstancias específicas y de las relaciones políticas entre los Estados.

La percepción de los actores internacionales, en lugar de una aplicación uniforme de las normas, a veces dicta las consecuencias de las acciones tomadas en el conflicto. Ello plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de cumplimiento y supervisión en el ámbito del derecho internacional para garantizar un respeto más consistente de las normas y principios establecidos.

El conflicto entre Israel y la Franja de Gaza es un ejemplo destacado de la complejidad y los desafíos del derecho internacional y los derechos humanos en situaciones de conflicto armado. El marco legal de la legítima defensa y la necesidad de mantener la proporcionalidad son fundamentales para abordar estas cuestiones.

Sin embargo, el debate sobre si las medidas adoptadas en el conflicto son un exceso subraya la falta de consenso en la interpretación y la aplicación de las normas internacionales. La percepción de la comunidad internacional y la debilidad de los mecanismos de cumplimiento desempeñan un papel fundamental en la resolución de conflictos y en la búsqueda de la justicia y la paz en estas zonas en conflicto.