Letrados de los colegios de abogados de Murcia, Cartagena y Lorca se concentraron esta mañana frente a la Delegación del Gobierno de Murcia para reivindicar al Ministerio de Justicia mejoras en el Turno de Oficio, así como el pago inmediato de los honorarios atrasados.
En concreto las adeudan el 80 por ciento del mes de marzo y los meses de abril, mayo y junio.
Los decanos de los tres colegios de abogados de la Región aseguraron que la Abogacía es garante y pilar del derecho constitucional de defensa, y cumple ininterrumpidamente, durante todas las horas del año, su función a través de los profesionales adscritos al Turno de oficio.
Este derecho permite el acceso a la Justicia a quienes acreditan que no tienen medios para litigar y a determinados colectivos que la Ley entiende merecedores de dicho beneficio.
Los letrados leyeron un manifiesto a las puertas de la Delegación en que aseguraban que “hoy, Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, no tenemos nada que celebrar: El Ministerio -sea cual sea su titular- incumple sistemática, cíclica y recurrentemente sus obligaciones para con la Abogacía de Oficio”.
Los abogados explicaron que “el Ministerio de Justicia incumple el plazo de pago legal a la Abogacía de oficio por un trabajo que ya ha realizado y bloquea los importes con excusas de incidencias que no tienen amparo legal”.
Además, denunciaron que “las exigencias técnicas por su parte son cada vez son mayores, mientras que no existe ayuda ni contraprestación- ni siquiera, comprensión- para los colegios, que cargan con la tarea humana y administrativa, ni para los profesionales que prestan el servicio, que ponen a disposición de los ciudadanos no sólo su trabajo y tiempo, con la responsabilidad que conlleva, sino la totalidad de los medios materiales con los que cuentan”.
Por todo ello, exigen al Ministerio de Justicia el establecimiento de unos módulos retributivos justos y dignos, con revalorización y actualización anual de sus importes, así como que el Baremo contemple la totalidad de las actuaciones realizadas por el Abogado en el ejercicio del derecho de defensa.
También pidieron erradicar la desigualdad existente en la remuneración entre los colegios de territorio Ministerio y otras Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
Para que el cobro se haga efectivo en plazo, emplazaron a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita a que resuelvan los expedientes en el plazo legalmente establecido.
Concluyeron exigiendo un trato digno a los profesionales por parte de todos los operadores jurídicos, “trato que ha de ser acorde con la consideración de nuestra función como servicio público en cumplimiento del derecho fundamental constitucionalmente reconocido a la defensa”.
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