Madrid, 14 feb (EFE).- El Colegio de Abogados de Madrid emprenderá acciones contra el Ministerio de Justicia por vía de reclamaciones contencioso-administrativas si sigue sin abonar a abogados de oficio servicios a personas jurídicas como empresas, que tras la reforma del Código Penal también tienen derecho a asistencia jurídica gratuita.

Así lo ha anunciado en un encuentro con periodistas el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, que ha lamentado: "Es un problema para el que no encontramos solución".

Ha recordado que tras la reforma del Código Penal las personas jurídicas son ya penalmente responsables y si acreditan situación de insolvencia tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita.

José María Alonso ha explicado que la Comunidad de Madrid, que tiene transferidas competencias de justicia, sí paga estos servicios prestados en juzgados de instrucción, juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial.

Pero ha añadido que no ocurre lo mismo con los órganos judiciales centrales dependientes del Ministerio de Justicia como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal COntitucional.

"De forma reiterada le he reclamado a la ministra de Justicia que el Ministerio abone los honorarios que tienen derecho a percibir los abogados que prestan este servicio pues no es admisible que trabajen gratis cuando a veces tienen que estar en juicios que duran días y semanas", ha recalcado Alonso.

Ha recordado que se ha dirigido por escrito a la ministra, a los presidentes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional y al juez decano de este último órgano pero ha lamentado que sigue sin recibir respuesta.

Ha advertido de que los juzgados siguen requiriendo al Colegio designaciones de abogados de oficio para representar a empresas investigadas en causas judiciales y que algunos letrados ya se han visto obligados a renunciar a ello al no poder asumirlo.

Y ha anunciado que a partir de ahora si un Juzgado o tribunal apercibe de posible desacato el Colegio se verá obligado a designar abogado de oficio para no desobedecer a la autoridad judicial pero con certificado del importe de honorarios a Justicia, de tal forma que si rechaza el pago o no contesta el Colegio presentará una reclamación contencioso-administrativa al Ministerio para que pague.

José María Alonso ha calculado que por trabajos de abogados por este tipo de asistencia el Ministerio debería ya abonar al Colegio de Madrid unos 400.000 euros.

A juicio del decano de los abogados madrileños tras la reforma del Código Penal también se tendría que haber modificado la ley de asistencia jurídica gratuita para solventar este problema.

Igualmente ha comentado que no se explica por qué el Gobierno no aprueba la Ley del Derecho de Defensa cuando ya está redactado el texto, lo que "inquieta bastante" a la Abogacía.

Por otra parte ha señalado que en junio o julio se celebrará un acto con el rey con motivo del 425 aniversario del Colegio y los 25 años del monarca como colegiado de honor y que espera que la reina pueda participar este año en la cumbre de mujeres juristas.

También ha anunciado la creación de un máster de acceso a la abogacía propio del Colegio de Abogados fruto de un acuerdo de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid que comenzará en septiembre.

Igualmente ha informado del resultado de la encuesta de satisfacción del Colegio realizada en 2021 con cerca de 6.000 respuestas de colegiados.

La misma da una nota media al Colegio de 7,57, frente al 6,85 obtenida en la anterior encuesta, efectuada en 2017.