El Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma abrió en octubre un turno de oficio para asesorar a los afectados por la erupción del volcán. Desde entonces han atendido más de 2.200 casos. Hablamos con la letrada Dulce García, una de sus responsables.

Daniel y Davinia construyeron su casa con sus propias manos. Se trata de un matrimonio que empezaba a disfrutar de la jubilación y se han quedado sin nada. Esto es solo uno de los casos con los que se han encontrado los abogados del turno de oficio de Santa Cruz de La Palma, que han estado ofreciendo desde octubre asesoramiento y asistencia jurídica a los damnificados por el volcán, a iniciativa del Colegio de Abogados.

Ubicado en la Casa Massieu en Los Llanos de Aridane,  este turno está siendo atendido por letrados voluntarios – la mayoría de ellos de la isla, pero algunos llegados de otros lugares de España- que llevan meses escuchando relatos desgarradores, recogiendo solicitudes y asesorando a quienes aún no saben qué ocurrirá con sus casas sepultadas, con sus terrenos abrasados por la lava o sus fincas dañadas.

“Cada historia es más terrible que la anterior. Llega un momento en el que te vuelves tan hermética como si no tuvieras sentimientos. Acompañamos a la gente para que se sienta protegida porque si no, se ponen a llorar y no terminan”, relata Dulce García, una de las abogadas al frente de este servicio.

A día de hoy, aún hay más de 7.000 desalojados en una población de 20.000. “Muchos siguen en hoteles o en casas de familiares. Los más mayores, alojados en residencias. Y hemos presentado muchos certificados de defunción. Muchos veteranos no han podido superar la situación”, cuenta.

La letrada Nuria Viña, a la izq., asesora a unos damnificados por el volcán, con el decano de Santa Cruz de La Palma, Juan Antonio Rodríguez, de pié.

Hasta el momento se han atendido más de 2.200 casos, muchos relacionados con las solicitudes, y las denegaciones, de las ayudas por pérdida de vivienda y negocios, y con las indemnizaciones que se están reclamando al Consorcio de Compensación de Seguros. Aquí se han encontrado con un serio obstáculo: En Canarias, menos del 50% de las familias tienen asegurada su casa, algo que complica la situación.  Y también hay casas que no están registradas. “La forma de construir y de vivir es muy familiar, paralela a la legalidad urbanística. Hay  gente que solo tenía registrada la primera casa. Las otras no. Ni declaradas ni catastradas”, explica.

Muchos damnificados no tienen manera de demostrar la titularidad de los bienes destrozados. O están viviendo de usufructo. “Es el caso de un señor de 88 años, que lleva 50 años viviendo en su casa. Decidió donar la casa a sus hijas, tras enviudar, para evitarles una escritura posterior y ahora no se le reconoce su titularidad y no se le ampara”, cuenta la abogada. “Esto es lo que llamamos la crueldad de exigencia del padrón. Para ellos tampoco hay ayudas, esto no puede ser”, añade.

Otra dificultad añadida son los ‘infraseguros’. “Me he encontrado viviendas hipotecadas tasadas en 400.000 euros, cuyos seguros se hicieron por 40.000”. Y por otro lado, está la carencia de los siete días después del inicio de la erupción para tener derecho a la indemnización del Consorcio. “Teniendo en cuenta las circunstancias, se deberían aceptar las solicitudes presentadas con posterioridad y esto no lo están reconociendo”, reclama García.

En el servicio no atienden solo consultas, también realizan trámites y alegaciones de reposición con una primera denegación o una estimación parcial de subvenciones. “Estamos empezando a interponer recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional por denegaciones de ayuda ya definitivas. Muchos asuntos intentamos derivarlos al servicio de asistencia jurídica gratuita”, apunta la letrada.

Y aquí surge otro problema: el Real Decreto 20/2021, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas, no contempló que las personas que hayan perdido su vivienda habitual, su negocio o sus tierras puedan acceder directamente a la asistencia jurídica gratuita, sin tener que justificar su situación económica previa.

Ante la complejidad de los casos, García es consciente de que los pleitos judiciales se alargarán durante años y que las ayudas tardarán en llegar. El plazo de inscripción en el Registro Único del Gobierno de Canarias para que las personas afectadas por el volcán de La Palma reciban las ayudas permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2023, por lo que el asesoramiento letrado continúa.

Tras más de ocho meses ofreciendo de manera voluntaria, y no remunerada, este servicio la letrada advierte que “si no hay ningún tipo de apoyo por parte de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias ni de la Dirección General, va a ser inviable que podamos mantenerlo mucho más tiempo”.