• El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, se reúne con el presidente del Tribunal Superior, Joaquín Galve

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha acogido positivamente la propuesta del Gobierno Foral para construir un nuevo edificio complementario al Palacio de Justicia, que servirá para la ampliación de sus servicios. El TSJN y el Ejecutivo han mantenido hoy un encuentro de trabajo en el que han mostrado su “sintonía” en las necesidades a considerar, que son fruto del estudio previo realizado desde la Dirección General de Justicia. Así lo han señalado el presidente del TSJN, Joaquín Galve, y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos.

En el encuentro, que se ha prolongado por espacio de casi hora y media, han estado presentes, además, el director general de Justicia del Gobierno Foral, Rafael Sainz de Rozas, y Beatriz Aguirre, Directora del Servicio de infraestructuras judiciales; y, por parte del TSJN, han asistido el secretario de Gobierno, Francisco Javier Isasi, y la magistrada juez decano de Pamplona, Mari Paz Benito. 

La reunión se ha producido cuando se cumple un mes de la firma, por parte de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, del protocolo que regirá la cesión del solar de la antigua cárcel, de propiedad municipal, para que el Ejecutivo pueda construir el nuevo edificio.

Un proyecto ambicioso para mejorar el servicio público

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha subrayado que “los usos y necesidades del nuevo edificio, así como la reorganización del espacio conjunto que se conformará, han sido objeto de estudio por la Dirección General de Justicia; pero en ese diagnóstico, resulta imprescindible la aportación de las autoridades judiciales. Para Eduardo Santos, “es nuestro objetivo, como Gobierno, que el servicio público de Justicia disponga de las mejores infraestructuras que sean posibles; y en ello nos estamos empeñando en un acuerdo complejo y un proyecto a medio plazo donde debemos cuidar cada detalle”.

Por su parte, el presidente del TSJN, Joaquín Galve, ha mostrado su satisfacción por el avance de este proyecto, “que es un viejo anhelo, una ansiada reclamación debido a la falta de espacio existente en el actual Palacio de Justicia”. “La ampliación indudablemente redundará en una mejora del servicio que desde el Poder Judicial realizamos en defensa y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, del justiciable”, ha remarcado Galve.

Prioridades del estudio previo

Respecto a las prioridades existentes, fruto del estudio previo realizado por la Dirección General de Justicia, destaca, por ejemplo, que las zonas correspondientes a Fiscalía y Juzgado de Menores puedan contar con zonas de espera y reunión adecuadas y adaptadas a las características especiales de estos juzgados. También se desea unificar los Juzgados de Familia, actualmente repartidos en diversas plantas del Palacio de Justicia, para que compartan las salas de pruebas preconstituidas y otras salas de uso común.

Asimismo, el estudio previo considera posible y necesario que el Juzgado de Violencia sobre la mujer se configure como un espacio con mayor intimidad respecto al resto de juzgados; y que cuente con recorridos de circulación perfeccionados, para evitar que víctima y presunto agresor se encuentren. También se contempla la ampliación del Juzgado de Guardia; nuevos espacios que respondan a la demanda creciente en materia de Mediación; o el traslado, a la planta baja del nuevo edificio, tanto del Registro Civil de Pamplona como de la Gerencia Territorial de Justicia.

Agrupar servicios en un Lugar de Memoria

Con todo lo señalado, el actual Palacio de Justicia y el edificio de la nueva ampliación formarían un espacio continuo de servicio público, que agruparía en el mismo lugar diferentes oficinas relacionadas con la Justicia y que, en la actualidad, se encuentran dispersas por la ciudad. Todo ello en un conjunto que, al ocupar un solar que fue declarado Lugar de Memoria, tendrá muy presente esta consideración.

Cabe recordar, en este sentido, que existe un mandato Parlamentario para “aunar, como ya sucede en otros países, la memoria que debemos a quienes sufrieron represión por causa de su compromiso con los derechos y libertades, con una expresión tan importante de su efectividad como es  la existencia de un servicio público de Justicia que garantice el Estado Derecho y, con él, la efectividad de las reivindicaciones que dan contenido, en los términos que establece la ley, a esa memoria: verdad, justicia,  reparación y garantías de no repetición”.