Eduard Ribas i Admetlla

Washington, 25 abr (EFE).- La petición del expresidente de Estados Unidos Donald Trump para gozar de inmunidad judicial absoluta no pareció este jueves convencer a los jueces del Tribunal Supremo, aunque al republicano le ha servido para retrasar su juicio por el asalto al Capitolio y ganar un tiempo muy valioso con la vista puesta en las elecciones de noviembre.

Los nueve magistrados, seis de ellos conservadores y otras tres progresistas, escucharon durante casi tres horas los argumentos de la defensa de Trump y de la Fiscalía a favor y en contra de la inmunidad, en una audiencia inédita dado que nunca antes un expresidente había sido imputado penalmente.

El Alto Tribunal debe decidir si Trump está protegido por haber sido presidente y, por tanto, si se debe anular el juicio pendiente en un tribunal federal de Washington sobre su presunto intento de revertir las elecciones que perdió en 2020 y por haber instigado el asalto al Capitolio.

Tanto la jueza que lleva el caso como la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimaron la petición de inmunidad, de modo que la defensa de Trump lo elevó al Supremo, que lo admitió a estudio en febrero.

Dudas sobre el alcance de la inmunidad

Aunque no consta en la Constitución, los presidentes de Estados Unidos han gozado históricamente de inmunidad frente a procesos judiciales relacionados con el desempeño de sus funciones para así evitar una violación a la separación de poderes.

En muchas de las preguntas dirigidas al abogado de Trump, John Sauer, y al fiscal Michael Dreeben, los jueces del Supremo se mostraron escépticos a dotar a Trump de una inmunidad plena, aunque sí creen que debe haber alguna protección para los expresidentes ante actos arbitrarios de sus sucesores.

La mayoría pareció partidaria de blindar solo con inmunidad algunas actuaciones propias de las funciones oficiales de un presidente y no aquellas que tienen carácter personal.

Interrogado por los jueces, el abogado de Trump llegó a defender que un presidente podría ordenar un golpe de Estado o un asesinato dentro del ejercicio de su cargo sin ser imputado.

Pero uno de los momentos clave fue cuando la jueza conservadora Amy Coney Barrett, nombrada por el propio Trump, logró que Sauer admitiera que algunas de las acciones del republicano tuvieron un carácter "privado" y probablemente no estén protegidas por la inmunidad.

Trump gana la victoria del tiempo

Algunos magistrados conservadores críticos con la Fiscalía se inclinaron por no resolver totalmente el asunto y por devolver el caso a tribunales inferiores para determinar qué actuaciones de Trump son objeto de inmunidad.

De confirmarse, sería una gran victoria para el republicano dado que el litigio se alargaría muy probablemente hasta después de las elecciones del 5 de noviembre, en las que Trump se batirá de nuevo con el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

La estrategia del magnate neoyorquino pasa por dilatar todos sus procesos judiciales puesto que, en caso de regresar a la Casa Blanca, podría ordenar al Departamento de Justicia dar carpetazo a las acusaciones federales en su contra.

En cambio, la Fiscalía especial liderada por Jack Smith presiona al Alto Tribunal para que tome una decisión rápida y se puedan retomar los preparativos del juicio del asalto al Capitolio, que tendría que haber comenzado el pasado 4 de marzo pero que fue suspendido por la petición de inmunidad de Trump.

Se desconoce cuándo el Supremo emitirá su fallo, pero suele publicar sus decisiones en junio, antes del receso de verano.

¿Y los otros juicios?

La audiencia en el Alto Tribunal pilló a Trump en Nueva York, donde este jueves se celebró una nueva jornada del juicio en su contra por la falsificación de registros contables para comprar el silencio de una actriz porno en la campaña electoral de 2016.

Desde allí, defendió ante la prensa que sin inmunidad los presidentes serían cargos "decorativos" que no tomarían decisiones por miedo a ser procesados al dejar el cargo.

La decisión del Supremo sobre la inmunidad no afectará al proceso judicial en la Gran Manzana porque corresponde a presuntos delitos cometidos antes de que el republicano fuera presidente.

En cambio, sí que podría alterar los juicios que Trump tiene pendientes en Washington por el asalto al Capitolio, en Florida por haberse llevado ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca y en Georgia por injerencia electoral.