Hace unas semanas, la Agencia Tributaria anunciaba su intención de concentrar todos sus esfuerzos en vigilar de cerca a las grandes fortunas y multinacionales de España. También a nivel europeo se están imponiendo multas multimillonarias a importantes corporaciones por sus esquemas de planificación fiscal. Se trata, sin duda de un tema candente y de actualidad.
Impacto en la reputación de un proceso judicial
Y es que cada vez son más frecuentes las noticias donde la reputación de una compañía se ve afectada por estar implicada en un proceso judicial al haber cometido algún tipo de irregularidad fiscal. En estos casos, la opinión que se genera entre las diferentes comunidades es inmediata y supone un claro impacto negativo en la reputación de la empresa implicada. Dada la complejidad de los sistemas impositivos de cada país y las técnicas de planificación fiscal que las grandes empresas tienen a su alcance, esta resulta ser una cuestión cada vez más relevante, especialmente en empresas multinacionales.
Así, muchas de las decisiones se evalúan en función de si ayudan o perjudican al debilitado erario público, y las aportaciones tributarias se han convertido en este momento en evidencia de ese “compromiso con el país” que la sociedad exige a sus empresarios y que es cuestionado de forma permanente. En el diseño de la planificación fiscal de las compañías ya no solo intervienen factores económicos, sino que las compañías son cada vez más conscientes de la posibilidad de convertirse en foco de atención social. De una situación que podríamos denominar de “convivencia necesaria” entre el público y las grandes corporaciones, hemos pasado a otra de “escrutinio permanente” sobre la actuación de las compañías en sus diferentes dimensiones: como generadoras de empleo, creadoras de valor para sus accionistas, motores de la innovación y otras, pero muy especialmente, como ciudadanos responsables y contribuyentes a las arcas de la Hacienda Pública.
Los juicios paralelos de los medios de comunicación
Hace años que los procesos judiciales comenzaron a ser “juzgados” también públicamente en los medios de comunicación. La búsqueda de noticias “atractivas” lleva en ocasiones a que nos encontremos ante titulares demoledores para la reputación de las compañías. Muchas veces la palabra culpable aparece como una condena previa, mucho antes de que se demuestre nada o de que se haya emitido una sentencia al respecto.
Asumido el escenario de alto riesgo existente para las grandes compañías y de esquemas fiscales complejos, existen dos ámbitos diferenciados en los que las empresas deberán trabajar en paralelo y de forma alineada para tratar de minimizar el impacto sobre sus cuentas y su reputación: una adecuada gestión de la comunicación y una correcta estrategia legal. Es importante tener en cuenta que la planificación fiscal es una potente herramienta competitiva y que una exposición abierta de todo un esquema tributario puede poner en riesgo el negocio actual y futuro de la empresa.
Preparación ante las contigencias
El factor común de las buenas gestiones en materia de comunicación está en la preparación minuciosa antes de que el riesgo de verse implicada en un litigio llegue a convertirse en un eventual proceso judicial abierto contra la empresa. Cuanto antes se preparen las compañías en riesgo para afrontar una contingencia como esta, menos impacto tendrá sobre su reputación un eventual proceso judicial. Para ello, será necesaria una estrategia que prevea la monitorización sistemática del riesgo, que deberá implementarse mediante la creación de un sistema de análisis de riesgo monitorizado.
En este sentido, será igualmente necesaria una visión amplia de la gestión del proceso. La eventual situación de crisis que desata la apertura de un expediente, la filtración de una investigación de las autoridades tributarias o el inicio de cualquier otra acción con repercusiones legales, debe ser siempre gestionada con la visión más amplia. Todas las dimensiones de la compañía se pueden ver afectadas, lo que obliga a ampliar esta gestión a todos los planos de relación con sus comunidades de interés.
En conclusión, tanto los profesionales de la planificación fiscal como los responsables de la relación de una empresa con sus públicos relevantes, tienen ante sí un reto importante para defender la presunción de inocencia que muchas veces no se les concede a las compañías. La experiencia previa y una estrategia de comunicación alineada con los hitos legales pueden entonces convertirse en la clave del éxito.
Luis González
Director de Litigios y Reestructuraciones en LLORENTE & CUENCA. Con 20 años de experiencia profesional, es experto en Comunicación de crisis, reestructuraciones e insolvencias y en relaciones con los medios, con una trayectoria de especialización en sectores de Infraestructuras, Inmobiliario, Alimentación, Salud, e Industrial. Ha sido Director en las operaciones de LLORENTE & CUENCA en Chile (2014-2016) y en Portugal (2012). Previo a su incorporación a la firma, fue redactor de Diario Médico, redactor jefe de las televisiones locales Teletoledo y TV Guadalajara, y jefe de prensa y director de expansión en la agencia de publicidad Tactics Europe. Periodista Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor invitado en diversos máster de Comunicación Estratégica.
Alba García
Consultora Senior en LLORENTE & CUENCA. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y Máster en Comunicación Corporativa y Publicitaria, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. Ha coordinado los Máster de la UCM “Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas” y “Comunicación Corporativa y Publicitaria”. En LLORENTE & CUENCA ha trabajado durante los últimos años en multitud de proyectos de comunicación durante procesos judiciales y procesos de reestructuraciones empresariales. Asimismo, ha desarrollado diversas funciones en proyectos de comunicación corporativa para clientes como Coca-Cola, Repsol o Mercadona, entre otros.
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