Los tribunales de justicia van a tener que adecuar sus instalaciones para garantizar la accesibilidad cognitiva de todas las personas con dificultades de comprensión y comunicación. Así lo estipula la Ley 6/2022, de 31 de marzo, que modifica la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que entró en vigor el pasado 2 de abril.

El objetivo de la norma es fomentar la implantación de pictogramas y la adaptación de todos los textos de interés general a lectura fácil “en zonas urbanas y rurales” y en otros ámbitos, como “productos y servicios, espacios públicos, transportes, normativas de edificación, administraciones públicas, patrimonio cultural y procesos de participación pública”. La norma establece un plazo de dos años para realizar los estudios específicos sobre accesibilidad cognitiva de todas las personas con este tipo de dificultades y adecuar sus instalaciones. Asimismo, en el plazo de tres años deberá haber aprobado el Reglamento específico por el que se desarrollen las condiciones básicas de accesibilidad.

“Consideramos que esta reforma supone el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad, en coherencia con lo estipulado por el artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, indica Gregorio Saravia, nuevo delegado para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad del CERMI y ponente del IV Curso de Protección Jurídica de las personas con discapacidad de la Abogacía Española, quien valora positivamente que esta ley “habilite al Gobierno de España para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia”.

El texto considera la accesibilidad como una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Esta modificación extiende sus efectos a otros segmentos de la comunidad como las personas mayores, personas visitantes o residentes en el país que no conocen suficientemente las lenguas oficiales y personas con reducido nivel de alfabetización, entre otros.

Por tanto, para CERMI, el que la accesibilidad cognitiva sea ley supone un paso muy importante porque “comprender la realidad es un derecho fundamental que toda persona debería tener garantizado”.