Zeshan Muhammad, un ciudadano paquistaní con permiso de residencia en España de larga duración, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para reclamar por el archivo de un contencioso administrativo que interpuso debido a una identificación y detención por parte de la policía que considera “ilegal” porque se basó en su perfil étnico, informa Europa Press.
Según ha explicado Muhammad, que llegó a España siendo niño, estudió toda la secundaria en Cataluña (habla castellano y catalán perfectamente) y tiene un permiso de residencia de larga duración, fue identificado en 2013 por un agente de Policía Nacional cuando iba con un amigo por la calle, y fue “insultado” por el agente, que además “reconoció que le pedía su identificación era porque ‘era negro'”. También ha indicado que fue llevado a comisaría y recibió una bofetada.
Tras lo ocurrido, interpuso una demanda por la vía penal en la Ciudad de la Justicia de Barcelona que finalmente fue archivada y acudió a la organización SOS Racismo, que junto con Open Society Justice Initiative han colaborado en el procedimiento.
Según han explicado desde SOS Racismo, interpusieron una demanda ante el Ministerio del Interior que fue desestimada, tras lo cual interpusieron un contencioso administrativo que también fue desestimado, razón por la cual acuden ahora al Tribunal Constitucional.
“Presentamos el recurso de amparo por dos motivos: por todo lo que tiene que ver con al identificación por perfil étnico y la detención ilegal de Muhammad y, segundo, porque consideramos que en el juzgado del contencioso administrativo no se respetó el derecho a la tutela judicial efectiva. No hubo una investigación judicial profunda sino que se basaron en las declaraciones que los policías ya habían hecho”, ha explicado a Europa Press la portavoz de SOS Racisme Catalunya, Alba Cuevas. Desde la organización señalan que este tipo de casos ocurren también con otros cuerpos de policía como la Guardia Urbana de Barcelona o los Mossos d’Esquadra.
De hecho, Zeshan asegura “haber comprobado en su propia piel que el racismo es estatal”: “Lo apoya el Gobierno, el Estado, las leyes. Es muy importante que cambien las leyes desde muy arriba para que la gente se pueda acomodar, se sientan normales en su casa y en su país y se deje de generar el odio, el racismo, la diferencia y se pueda construir un mundo mejor”, ha declarado a los medios ante la puerta del Tribunal Constitucional.
Cuevas, se ha mostrado convencida de que, cuando se producen este tipo de situaciones “no responden a la mala práctica de un policía” sino “a una lógica estatal” y “un racismo institucional”, por lo que cree que lo que hay que hacer es “cambiar la legislación”.
“Estas situaciones para nosotros no son nuevas, son rutinarias lamentablemente y en el fondo son el punto de partida de muchos casos de abusos por parte de policías. No solo policías nacionales, en el caso de Cataluña también Guardia Urbana en Barcelona y Mossos d’Esquadra. Es algo que lamentablemente es habitual: la identificación por perfil étnico, la detención ilegal, la falsificación documental para poder justificar esa detención ilegal y casos de abusos, de agresión o de insulto”, ha expresado.
De hecho, el presidente de SOS Racismo Madrid, Mohamed Gerehou, ha puesto de relieve que la lucha contra este tipo de prácticas es “una lucha transversal”. “El caso de Zeshan nos representa a todos los que sufrimos las identificaciones por perfil étnico, en este caso es él quien pone el nombre y la cara pero hay mucha gente negra, latina, árabe y gitana que se siente representada por su caso”, ha explicado.
ABONO PARA LA DISCRIMINACIÓN SOCIAL
Además, la portavoz de la organización en Cataluña ha advertido de que más allá de las detenciones basadas en perfil étnico que se puedan producir, estas tienen el efecto de “abonar y consolidar la criminalización social” de personas y colectivos étnicos minoritarios en España. “En el discurso social siempre queda que si te han parado será por algo. Es algo que afecta negativamente a la convivencia”, ha subrayado.
Por ello, se ha mostrado esperanzada en que el recurso de amparo presentado este Jueves ante el Tribunal Constitucional es “un paso más” en la reivindicación de la organización para que “se garanticen todos los derechos” contemplados en la Carta Magna.
Para la puesta en marcha del recurso de amparo, SOS Racismo ha contado con la colaboración de Open Society Justice Initiative, una de cuyas responsables de litigios, Mercedes Melón, ha redactado el texto entregado este jueves en el registro del Tribunal Constitucional.
EL TC FALLÓ A FAVOR DE ESTAS PRÁCTICAS EN 2001
Melón ha explicado que el caso de Zeshan es una “oportunidad” para continuar con una lucha que, según ha indicado, comenzó en los años 90 con el caso de Rosalind Williams, una mujer de raza negra que llegó a España hace más de 50 años al casarse con un español y que tiene la nacionalidad española.
“La idea es continuar el trabajo que empezó Rosalind cuando le pararon en la estación de tren de Valladolid en el año 92 basándose en sus características étnicas. Ella llegó hasta aquí, hasta el Tribunal Constitucional, que en el año 2001 dijo que era normal que se pare a una persona por sus características étnicas casi insinuando que, como todos somos blancos en este país, quienes responden a otra percepción étnica seguramente son extranjeros”, ha recordado.
“Un policía vestido de paisano me pidió mi identificación. Viendo mi DNI que estaba en vigencia desde el año 68, yo no entendía por qué. Cuando preguntamos por qué, nos dijeron que estaban buscando personas como yo. Luego preguntamos por el color de la piel y dijo que sí”, ha explicado Williams, que ha acudido a acompañar a Muhammad hasta el TC.
La responsable del litigio, Melón, ha señalado que el caso llegó hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2006 subrayó la ilegalidad de los controles basados en perfiles étnicos, pese a lo cual “el Estado Español no ha hecho nada para corregir lo que se ha convertido en una práctica sistemática”.
La abogada de Open Society Justice Initiative se ha mostrado esperanzada en que el TC “dé la vuelta a esa sentencia de 2001″ porque, según ha indicado, “obviamente las instituciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado utilizan la sentencia del TC para decir que es legal parar a personas por sus características étnicas”. “Tiene que ajustar la doctrina y la legislación española a las responsabilidades internacionales de España en materia de Derechos Humanos”, ha reivindicado.
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