El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, un texto fruto del consenso interdepartamental, que acaba con la dispersión normativa actualmente existente en nuestro país y sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado “el importante esfuerzo de coordinación realizado por Justicia”, ya que el texto, desarrollado bajo su dirección, ha sido copropuesto junto a los ministerios de Igualdad, Interior, Inclusión y ha recibido aportaciones y observaciones de otros nueve ministerios.
Atendiendo a las recomendaciones internacionales, aborda de manera integral todas las formas de trata que suponen la vulneración más grave de los derechos fundamentales de un ser humano, desde la explotación sexual, pasando por la mendicidad y el tráfico de órganos, hasta la explotación laboral.
Más allá de la respuesta penal, recoge también la prevención y la sensibilización de la sociedad y la asistencia a la víctima, garantizándole toda una serie de derechos y medidas de apoyo. Por otra parte, el texto incide en el papel de la demanda y en la importancia de desarticular el modelo de negocio para romper la cadena de la trata.
Se establecen medidas en los ámbitos educativo, sanitario, de publicidad y medios de comunicación y, finalmente y como novedad, la adopción de dichas medidas en el ámbito del sector privado y empresarial, para evitar la explotación. Se fortalecen las normas laborales en los sectores más sensibles, contando con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La adecuada asistencia y protección de las víctimas es el eje vertebrador de esta ley. En este sentido, como novedad, se crea el Mecanismo Nacional de Derivación (MND), como órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata.
Con carácter general, se reconoce el derecho a una protección y la asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima. Se reconoce también el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad y el derecho a la asistencia jurídica gratuita. El reconocimiento y la efectividad de estos derechos no se vincula a la interposición de denuncia y de la participación de las víctimas en la investigación penal. Se reconocen también derechos laborales y económicos a las víctimas. La norma contempla también la protección de menores víctimas de trata y explotación.
El sistema institucional es otro de los pilares de la ley. En primer lugar, se crea una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, que supervisará todas las políticas públicas en materia de trata y explotación y desempeñará el papel de coordinador nacional a los efectos de representación de España en el ámbito internacional. Adscrito a esta Relatoría se encuentra el Mecanismo Nacional de Derivación. Junto a ella, se regulan las unidades especializadas de las instituciones públicas implicadas en el proceso de detección e identificación.
Finalmente, aborda también la cooperación institucional e internacional con los países de origen, adoptando un enfoque integral que abarca tres ejes prioritarios: la prevención, la protección y la persecución.
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