Asociación DIA denuncia la parálisis que afecta desde hace meses a la Comisión de Seguimiento del Baremo de indemnización, Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
El presidente de Asociación DIA, Francisco Canes, lamenta que “con el cambio de Gobierno la Comisión de Seguimiento del Baremo continúe anquilosada, sin realizar su trabajo y pendiente de publicar un informe -ya finalizado- que mejoraría la situación de las víctimas.”
14 meses de demora para emitir el informe
Según recoge la Ley 35/2015 en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera, la Comisión de Seguimiento “deberá emitir en el plazo máximo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, un informe razonado que incluya el análisis mencionado en el apartado anterior y sugerencias para la mejora del sistema”.
Si la Ley entró en vigor el 1 de enero de 2016, el plazo de tres años se cumplió ya el 1 de enero de 2019: llevamos 14 meses de RETRASO.
En la práctica, hasta que la Comisión de Seguimiento del Baremo no publique este informe la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no moverá un dedo para realizar las modificaciones que beneficiarían a miles de víctimas.
Esto es lo que el Baremo establece también en la Disposición Adicional Primera, en su apartado 3: “A la luz de dicho informe la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones promoverá, en su caso, las modificaciones que considere convenientes así como la actualización de las bases técnicas actuariales que contienen las hipótesis económico-financieras y biométricas del cálculo de los coeficientes actuariales correspondientes.”
¿A quién beneficia esta parálisis?
Según las informaciones que maneja Asociación DIA, la Comisión de Seguimiento terminó el informe razonado con muchas sugerencias de mejora en octubre de 2019, y pasados casi 6 meses sigue sin publicarse el informe. Además, DIA tiene constancia de que en diciembre de 2019 se celebró una infructífera reunión en la que no se alcanzaron acuerdos que se hayan podido publicar.
“Esperamos que este informe se publique a la mayor brevedad. Pues no entendemos que si YA existe un informe que plantea mejoras en el Baremo de indemnización, se quede guardado en un cajón de algún despacho.” apunta Canes.
Por otra parte, la última publicación de la Guía de Buenas Prácticas de Aplicación del Baremo es del 16 de septiembre de 2019. Se trata de un documento fundamental para mejorar el procedimiento de las reclamaciones de las víctimas, para fomentar la transparencia del sector asegurador y fomentar la cooperación entre los operadores jurídicos.
Para Francisco Canes, se trata de “Algo que es urgente y necesario, ya que, por mucho que se empeñen las aseguradoras en visibilizar los tres casos de fraude al seguro más llamativos que tienen, en realidad ellas son las que más defraudan a las víctimas y las principales beneficiadas del embotamiento de la Comisión y de la inacción de la Dirección General de Seguros, encabezada por su director Sergio Álvarez Camiña.”
Consideramos que es necesario que el nuevo Gobierno ponga interés en mejorar los derechos de las víctimas y que se ponga en marcha una Proposición de Ley para la mejora del sistema de indemnizaciones.
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