Cádiz, 15 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sopesa reforzar "cuanto antes" el juzgado de Barbate (Cádiz) encargado del caso de la muerte de dos agentes embestidos por una narcolancha, y cuya situación es un ejemplo de las dificultades que afrontan estos órganos judiciales

El próximo 1 de marzo, el juzgado de instrucción y primera instancia número 1 de Barbate, que también es el registro civil de la localidad, recibirá a su nuevo titular, Ángel Rojas Navarro.

El juez que asumirá la responsabilidad de instruir una causa que ha impactado esta semana al país, con la muerte de dos agentes de la Guardia Civil, es uno de los 160 nuevos jueces de la 72 promoción que ayer recibieron sus despachos en un acto celebrado en Barcelona y presidido por el rey, según han informado a EFE fuentes del TSJA.

Tomará el relevo de la jueza sustituta que ha ocupado el puesto desde el pasado enero, para cubrir de forma temporal, a la espera del nuevo titular, la vacante que dejó el anterior juez, que estuvo un año en este destino.

Y además de este caso, tendrá que continuar con los casos de herencias, divorcios y de toda la variedad que asume un juzgado mixto.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya tenía en cuenta que este juzgado fuera uno de los que necesitaba refuerzos, antes de que el pasado viernes las aguas de su puerto vivieran un episodio que puso de manifiesto la violencia con la que las redes del narcotráfico se enfrenten a los agentes.

Tras este hecho, por el que el pasado lunes este juzgado ordenó el ingreso en prisión de los seis ocupantes de la narcolancha, acusados todos de dos asesinatos consumados y cuatro en grado de tentativa, entre otros delitos, el TSJA entiende que este refuerzo se necesita "cuanto antes".

La situación de temporalidad de los titulares del juzgado de Barbate, una demarcación complicada por el volumen del trabajo, es habitual en órganos de este tipo y circunstancias, según fuentes del TSJA.

   Suelen ser ocupados por jueces jóvenes, sustitutos o en su primer destino, y están allí mientras aspiran a otro destino "con una carga de trabajo más razonable", una circunstancia que también pesa en los casos, ya que los nuevos jueces necesitan un tiempo para estudiarlos.

   El pasado mes de enero la Fiscalía de Cádiz tuvo que aceptar la prescripción de un proceso judicial contra 50 miembros de una red de narcotráfico de Cádiz, que, tras 16 años de pesquisas y trámites en un juzgado de Barbate, fue archivado.

"Es la manifestación de un problema más de fondo", explicó entonces el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángel Núñez, que lamentaba que los procesos judiciales del narco transitan "por un camino de cabras" y no por "una autopista del siglo XXI".

El caso archivado se inició con una investigación sobre una red de narcotráfico que entre enero y marzo de 2007 llevó a cabo tres alijos de droga en las costas de Cádiz. Su investigación terminó en 2012 y los trámites judiciales continuaron hasta que en 2023 se archivó por prescripción de los delitos.