Madrid, 20 jun (EFE).- Societat Civil Catalana (SCC), que ejerce la acusación popular en el caso Tsunami, ha pedido al juez del caso Manuel García Castellón que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si la ley de amnistía es contraria al derecho comunitario como ellos consideran.

"Consideramos que la amnistía de delitos graves, incluyendo el de terrorismo (en el caso que nos ocupa), sin un proceso judicial adecuado, impide que las víctimas obtengan justicia penal y reparaciones adecuadas", señala esta acusación en su respuesta al juez de la Audiencia Nacional sobre la aplicabilidad de esta ley en el caso Tsunami, en el que se investiga como terrorismo las protestas por la sentencia del procés en 2019.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, la asociación la cree inaplicable ya que, "al incluir entre los delitos amnistiables aquellos relacionados con el terrorismo, contraviene directamente la Directiva UE 2017/541", por lo que ve procedente la consulta al TJUE.

También cree que la ley contraviene las recomendaciones de la Comisión de Venecia al incluir delitos como el terrorismo o la malversación.

Observa además que los "individuos amnistiados pueden reincidir, poniendo en peligro la vida y la seguridad de los ciudadanos de la Unión", por ello entiende que la cuestión prejudicial "es relevante".

Respecto a las víctimas en Tsunami, cuatro agentes que resultaron heridos en los disturbios, la asociación advierte en su escrito de que al negarles la vía penal se les aboca a que opten a la vía civil con el coste en tiempo y recursos económicos que ello conlleva.

Amnistiar delitos "sin exigir arrepentimiento ni garantías de no reincidencia puede erosionar la confianza pública en el sistema judicial", además de afectar de forma negativa a las víctimas y violar sus derechos y dignidad.

Esta asociación considera por todo ello que esta ley "no es conforme al derecho de la Unión Europea, ya que infringe diversos principios y disposiciones fundamentales, tales como la protección de los intereses financieros de la UE, la independencia judicial, la igualdad ante la ley y el derecho a una tutela judicial efectiva".

Entiende que la amnistía "generalizada sin condiciones" debilita el Estado de Derecho, "al permitir que individuos responsables de actos delictivos graves eludan la justicia sin un proceso judicial adecuado".

Que la ley disponga también el levantamiento de medidas cautelares, incluidas las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, "sin una revisión judicial adecuada, compromete la independencia del poder judicial", y priva a las víctimas de su derecho a obtener "justicia y protección".