Con arreglo a la Directiva sobre nitratos (Directiva 91/676/CEE del Consejo), los Estados miembros deben controlar sus aguas e identificar las afectadas o que puedan verse afectadas por la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. También están obligados a calificar las superficies cuya escorrentía fluya hacia esas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y a establecer programas de acción adecuados para prevenir y reducir la contaminación por esa causa.
La Comisión envió una carta de emplazamiento a España en noviembre de 2018 y un dictamen motivado en junio de 2020 en los que señalaba el incumplimiento por parte de España de las disposiciones de la Directiva sobre nitratos.
A pesar de algunos avances limitados, España todavía debe adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país, ya que las establecidas hasta la fecha no han logrado alcanzar los objetivos de la Directiva. Además, debería revisar y seguir designando zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones (Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana), incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción de cinco regiones (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid) y adoptar medidas adicionales en las cuatro regiones en las que las medidas establecidas han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva sobre nitratos (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia).
La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos que han realizado las autoridades españolas han sido insatisfactorios e insuficientes, por lo que ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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