En estas últimas dos semanas dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han removido los cimientos de más de un gigante de la tecnología.

En esta oportunidad me detengo en la Sala Quinta del Tribunal de Justicia en una sentencia de fecha 9 de julio de 2020 (asunto C‑264/19), ha tratado y resuelto una cuestión muy importante en relación con el concepto de «direcciones».

El asunto trataba sobre el derecho a la información del demandante víctima de una infracción al derecho de propiedad intelectual (Directiva 2004/48/CE, Artículo 8, apartado 2, letra a).

El demandante (una empresa alemana) solicitaba de los demandados (empresas de EEUU) conocer las direcciones de correo electrónico, las direcciones IP y los números de teléfono móvil de usuarios que habían infringido sus derechos de propiedad intelectual.

El procedimiento prejudicial llego al punto en el que el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal (Bundesgerichtshof) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

1) ¿Debe entenderse que en el concepto de direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y minoristas, que, según el artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48, están incluidas, según proceda, en los datos a los que se refiere el artículo 8, apartado 1, de la misma Directiva, están comprendidos también:

a)      las direcciones de correo electrónico de los usuarios de los servicios,

b)      los números de teléfono de los usuarios de los servicios, y

c)      las direcciones IP utilizadas por los usuarios de los servicios para la carga ilícita de los archivos en el mismo momento de efectuar esta?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, letra c):

¿Los datos que deben facilitarse conforme al artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48 incluyen también la dirección IP que el usuario que previamente ha puesto en línea archivos litigiosos ha utilizado por última vez para acceder a su cuenta de usuario de Google o YouTube, junto con el momento exacto de dicho acceso, con independencia de si en este último acceso se infringió algún derecho [de propiedad intelectual]?

La sentencia recorre desde la tutela judicial efectiva, el ejercicio del derecho a la propiedad intelectual, que permite a su titular identificar a la persona que infringe dicho derecho y tomar las medidas necesarias a los efectos de su protección.

Analiza la colisión que protagonizan, por un lado, el interés de los titulares en la protección de su derecho de propiedad intelectual, y, por otro lado, la protección de los intereses y de los derechos fundamentales de los usuarios de prestaciones protegidas, así como del interés general.

Hace notar que el artículo 8 de la Directiva 2004/48 tiene la finalidad de conciliar el respeto de distintos derechos, en particular el derecho de información de los titulares y el derecho a la protección de los datos personales de los usuarios.

Concluyendo en que, el concepto de «direcciones» (del usuario que ha puesto en línea archivos infringiendo un derecho de propiedad intelectual) no comprende su dirección de correo electrónico, su número de teléfono, la dirección IP utilizada para subir estos archivos o la dirección IP utilizada en el último acceso a su cuenta de usuario.

La sentencia precisa que, si bien los Estados miembros no están obligados a prever la posibilidad de que las autoridades judiciales competentes ordenen facilitar la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o la dirección IP de las personas a las que se refiere esta disposición en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual; sí disponen de dicha facultad, dejando así, en mi opinión, una puerta abierta ante lo que puede percibirse a priori como un blindaje.