Según los diversos borradores del nuevo Real Decreto-Ley que está preparando el Gobierno –en el que se definirá qué empresas se consideran esenciales y cuáles no–, serán consideradas esenciales aquellas empresas cuyas “personas trabajadoras ya se encuentren prestando servicios a distancia (…)”. Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, “lo primero es la salud, pero hay que intentar mantener la mayor actividad económica posible, y el teletrabajo puede ayudar a ello sin ninguna consecuencia para la transmisión del COVID-19, por lo que deberían considerarse empresas esenciales no solo a aquellas que en estos momentos estén realizando teletrabajo, sino también a aquellas puedan hacerlo a partir de ahora”

Tras la comparecencia en el día de ayer del presidente del Gobierno anunciando el cierre obligatorio de las actividades económicas que se consideren no esenciales durante un periodo de quince días (desde el próximo 30 de marzo hasta el 13 de abril), desde el Consejo General de Economistas de España consideran fundamental que el Real  Decreto-Ley que habrá de regular el permiso retribuido recuperable para los trabajadores de las empresas no esenciales (y en el que se definirán qué empresas se consideran esenciales y cuáles no) favorezca el teletrabajo, considerando esenciales tanto a las empresas que en estos momentos están prestando servicios a distancia como a las que puedan hacerlo a partir de ahora.

Por otra parte, el Consejo General de Economistas ha mostrado su satisfacción por la inclusión como actividad esencial (según los diversos borradores que están circulando sobre Real Decreto-Ley comentado y que algunos medios de comunicación han dado a conocer), de aquella que realizan “las personas trabajadoras que presten servicios en asesorías, despachos profesionales, servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales y, en general, aquellas dedicadas a la actividad de asesoramiento legal, fiscal, empresarial y sociolaboral”. Según el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, “no podía ser de otra forma, ya que las obligaciones fiscales y laborales de la mayoría de empresas y autónomos de nuestro país se gestionan a través de los despachos profesionales de los economistas”.  Eso sí, según Pich, “si no se permite que las empresas y autónomos a los que asesoramos puedan trabajar de forma telemática a partir de ahora, la comunicación con nuestros clientes va a ser imposible y se dañarán los circuitos administrativos y de cobros y pagos, y acabaremos todos siendo insolventes”.