La investigación que se sigue desde hace nueve años contra el presunto testaferro de Teodoro Obiang en España, el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, acusado de blanquear comprando viviendas por valor de veinte millones de euros, terminará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La reciente declaración de los mandos de la UDYCO en Las Palmas, acusados de manipulación informática, reconociendo éstos que no se ha podido concluir que la sociedad madre de Kokorev, Kalunga Company, obtuviese dinero ilícito del líder de Guinea Ecuatorial para adquirir un patrimonio inmobiliario en España, ha sido el detonante para que se haya activado la ‘vía europea’.

 

El objetivo de las defensas será denunciar una instrucción policial y judicial en la que algunos de los actores han reconocido ya ante el tribunal no haber seguido los protocolos establecidos para salvaguardar, por ejemplo, la cadena de custodia.

En la reciente declaración de los agentes de la UDYCO ante la juez de Instrucción nº5 de Canarias, Ana Isabel de Vega, y el fiscal Luis del Río Montesdeoca, ha quedado de manifiesto además la relación extraprocesal (sin conocimiento del juzgado) que se mantuvo durante un tiempo entre los policías y el principal testigo acusador del caso, el ex empleado de la familia Ismael Gerli. Éste, tras ser despedido, inició una campaña de venganza contra su jefe, Kokorev, incluyendo amenazas y chantajes.

Después de que un grupo de europarlamentarios denunciase hace medio año ante la Unión Europea las presuntas irregularidades en la investigación, y se dirigiese a la Fiscalía General del Estado, ahora la pelota caerá en el tejado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es el prestigioso abogado Scott Crosby, afincado en Bruselas y profesor de Derechos Humanos, el que ha asumido el dossier:

• ¿Qué le parece lo más sorprendente o inusual del ‘caso Kokorev’?
• No usaría las palabras sorprendente o inusual. Son bien conocidas las particularidades del sistema penal español, como el secreto de sumario, la prolongación de la prisión preventiva antes del juicio o las órdenes de detención sin unas acusaciones o cargos directos. Hay poco que discutir sobre esos defectos. El caso es que todos ellos están presentes en el caso Kokorev. Es desasosegante.

 

• ¿Hay algún aspecto particular por el que se pueda motivar su decisión de llevar el caso Kokorev en Europa?
• El hecho es que Vladimir Kokorev ha estado en prisión preventiva durante más de dos años sin ser acusado en concreto, y eso apunta a una violación de derechos humanos. Es suficiente motivación.

 

• ¿Cuáles son los principales desafíos de llevar este caso a la Unión Europea?
• La única institución que puede ajustarse aquí a la perspectiva de defensa jurídica del caso es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La dificultad de encarar el asunto radica en que sea necesario agotar todos los recursos en el Estado que vulnera presuntamente esos derechos, en este caso España. 

 

• ¿A qué instituciones se va a dirigir? ¿Cuándo? ¿En busca de qué?
• Si Vladimir Kokorev no ve satisfechas sus reclamaciones en España, se considerará poner el caso en el TEDH. Buscaremos la protección de derechos concretos, protegidos por la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, que habrían sido violados por España. Esto significa resarcir el daño causado.

 

• En su opinión, ¿qué derechos fundamentales han sido violados?
• Estoy examinando si su derecho a permanecer en libertad fue cercenado, si su detención fue ilegal. También si el señor Kokorev, su mujer y su hijo fueron tratados de manera degradante en prisión preventiva, si este destrozo en la vida de la familia estaba motivado y si esa detención significó un castigo sin juicio.

 

• Actualmente el señor Kokorev, su mujer y su hijo mantienen la prohibición de abandonar la isla de Gran Canaria. ¿Considera esa prohibición en la línea de las leyes europeas?
• Aunque Kokorev y su familia han recobrado su libertad, ésta se encuentra restringida. En ausencia de cualquier acusación, esa restricción resultaría eventualmente ilegal, si no es ilegal ya. Las autoridades deben actuar en un tiempo razonable.

 

• ¿Cree que la investigación del caso Kokorev conducida por las autoridades españolas puede ser descrita como ‘prospectiva’?
• No sé a qué se refiere con prospectiva. Aquí hay una detención tras seis años de investigación que no dejaron ninguna acusación formal. La detención puede haber sido un medio prospectivo de obtener información, sobre la base de que cuando más se prolongara, más posibilidades había de que los acusados se vinieran abajo. Pero las personas inocentes rara vez confiesan crímenes que no han cometido. El hecho es que han sido castigados. Y el hecho es que nunca han sido acusados formalmente, y menos condenados, por ningún delito.

 

• ¿Cree que se puede culpar a España de los daños producidos a la familia Kokorev tras más de dos años de prisión preventiva? ¿Qué reparaciones podría llevar a cabo la justicia europea antes de un juicio en España?
• Independientemente de que los Kokorev sean declarados o no culpables, su detención puede haber sido ilegal. Si eso se confirmase, no se evitaría que el juicio tuviese lugar, asumiendo que finalmente haya un auto de procesamiento. Pero los Kokorev no pueden estar permanentemente esperando este momento, que no es seguro que llegue, antes de asegurar sus derechos bajo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

 

• Recientemente, los abogados españoles del señor Kokorev presentaron evidencias de manipulación policial en el caso. ¿Son comunes estas prácticas en otros países europeos o en casos que hayan visto tribunales europeos?
• La Convención para la Protección de los Derechos Humanos tiene su razón de ser en que estas cosas suceden en los Estados firmantes, sin excepción.

 

• En su opinión, ¿cuál es la razón que está detrás de las irregularidades del ‘caso Kokorev’: errores, negligencias o acciones deliberadas por causas desconodidas?
• No quiero especular. En algún momento, la verdad saldrá a flote.

Así las cosas, y mientras se introduce el caso en el TEDH, la defensa del presunto testaferro de Obiang en España acaba de dirigirse a la instrucción nº5 de Las Palmas para poner en conocimiento de la jueza “la posible falsedad de determinados aspectos” de un oficio fundamental de la UDYCO, fechado en 2015.

En el escrito se señala como un comportamiento “muy grave que los agentes informantes como oficiales públicos, a sabiendas, o cuando menos negligentemente” hayan hecho constar hechos “que realmente no habían tenido lugar como si realmente hubieran acaecido”. Entre ellos, “el falseamiento del contenido del informe del Subcomité del Senado de los EEUU, en cuanto que en ningún caso determina, ni siquiera indiciariamente, la existencia de ningún ilícito penal con el que se pueda vincular o relacionar” a Vladimir Kokorev con actividades de lavado de dinero u otros delitos. Aquel documento norteamericano fue usado para lanzar una instrucción que hace agua, a espera aún de un eventual auto de procesamiento.