El pasado viernes 15 de marzo, los estados miembros de la Unión Europea aprobaron la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (conocida por sus siglas en inglés CSDDD).

La aprobación de esta normativa no estuvo garantizada hasta el mismo día de la votación, ya que han pasado varias semanas de incertidumbre donde países clave como Italia, Francia y Alemania habían mostrado ciertas reticencias. Finalmente, ambos estados han votado a favor y el resultado ha sido un éxito para potenciar la sostenibilidad empresarial.

Tras esta decisión del Consejo Europeo, la CSDDD debe pasar por el Parlamento Europeo para su aprobación final en una votación prevista para finales de abril.

Durante las últimas semanas se han realizado varias concesiones a la ley para suavizarla: su alcance se ha reducido un 30%, y solo aplica a aproximadamente el 0,05% de las empresas que operan en la UE. Aun así, su compromiso por la sostenibilidad permanece intacto y ayudará a mejorar la protección de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente en las cadenas de suministro. De esta forma, la CSDDD obligará a las empresas de mayor tamaño a informar sobre su gestión de la diligencia debida, obligándolas a tomar medidas para cumplir los derechos humanos y reducir el impacto medioambiental negativo de sus cadenas de valor.

En el caso de las empresas que ya están cubiertas por la normativa CSRD, no están obligadas a cumplir la CSDDD. No obstante, esta aprobación es un gran paso hacia la sostenibilidad social y medioambiental, ya que obliga a las empresas a publicar un plan de transición para reducir las llamadas emisiones de Alcance 3, es decir, las producidas a lo largo de la cadena de suministro por los socios y proveedores de una empresa. Estas emisiones pueden suponer hasta un 90% de la polución generada. Mientras, actualmente solo el 3% de las empresas españolas compromete a sus proveedores en la reducción de emisiones de carbono, según el Carbon Action Report 2023 de EcoVadis. Esto sitúa a España por debajo de Francia o Alemania, países que ya disponen de una normativa propia de diligencia debida. Mientras, España aún tiene pendiente aprobar su iniciativa legislativa de protección de los derechos humanos, la sostenibilidad y la debida diligencia en las actividades empresariales transnacionales, la cual está pausada desde 2022.

La aprobación de la CSDDD tendrá un impacto directo en estos resultados, pero es fundamental que las empresas se adelanten a la trasposición de las leyes europeas en normativas locales y muestren su compromiso real con el medio ambiente y la sociedad. Por tanto, este 2024 cada vez veremos a más empresas avanzando en su actividad sostenible no solo por el mero cumplimiento de las regulaciones, sino con el objetivo de demostrar un compromiso real para minimizar riesgos, construir resiliencia y mejorar las relaciones con sus proveedores.

Muchas veces se percibe el cuidado del medio ambiente como una mera obligación o como un problema, pero en realidad la sostenibilidad actúa como un valor económico y competitivo. De hecho, las marcas que se adelanten a las inminentes legislaciones europeas y registren buenos resultados a nivel de sostenibilidad estarán mejor posicionadas en el sector en comparación con aquellas que todavía no cumplan con los requisitos mínimos.

El compromiso de las empresas por la descarbonización comienza por analizar sus emisiones. A partir de ahí, es posible identificar objetivos específicos y estrategias de mejora para conseguir resultados reales.