Hoy entra en vigor la Ley de Servicios Digitales (DSA), un nuevo conjunto determinante de normas de la UE para un entorno en línea más seguro y responsable. La Ley de Servicios Digitales se aplica a todos los servicios digitales que conectan a los consumidores con bienes, servicios o contenidos. 

Crea nuevas y exhaustivas obligaciones para que las plataformas en línea reduzcan los daños y contrarresten los riesgos en línea, introduce una robusta protección de los derechos de los usuarios en línea y coloca a las plataformas digitales en un nuevo marco único de transparencia y responsabilidad. Diseñadas como un conjunto único y uniforme de normas de la UE, ofrecerán nuevas protecciones a los usuarios y seguridad jurídica a las empresas en todo el mercado único. La Ley de Servicios Digitales es una herramienta reguladora pionera a escala mundial y establece una referencia internacional para un enfoque regulador de los intermediarios en línea.

Nuevas responsabilidades para los servicios digitales

La Ley de Servicios Digitales introduce un nuevo conjunto exhaustivo de normas para los servicios de intermediación en línea sobre cómo deben diseñar sus servicios y procedimientos. Las nuevas normas incluyen nuevas responsabilidades para limitar la difusión de contenidos y productos ilícitos en línea, aumentar la protección de los menores y ofrecer a los usuarios más posibilidades de elección y mejor información. Las obligaciones de los diferentes agentes en línea se corresponden con su papel, tamaño e impacto en el ecosistema en línea. Aquí se ofrece una visión general de las mismas.

Todos los intermediarios en línea tendrán que cumplir/respetar/adecuarse a nuevas obligaciones de transparencia de amplio alcance para aumentar la rendición de cuentas y la supervisión, por ejemplo, mediante un nuevo mecanismo de alerta para los contenidos ilícitos. Pero se introduce un régimen especial para las plataformas con más de 45 millones de usuarios: para las plataformas o motores de búsqueda de muy gran tamaño, se establecen obligaciones adicionales que incluyen evaluaciones anuales de amplio alcance de los riesgos de perjuicio de sus servicios en línea, por ejemplo, en relación con la exposición a productos o contenidos ilícitos o la difusión de desinformación. En el marco de la Ley de Servicios Digitales, deberán establecerse medidas adecuadas de reducción de riesgos, y dichas plataformas y motores de búsqueda estarán sujetos a una auditoría independiente de sus servicios y de sus medidas de reducción de riesgos.

Las plataformas más pequeñas y las empresas emergentes se beneficiarán de un conjunto reducido de obligaciones, exenciones especiales de determinadas normas y un aumento fundamental de la claridad y la seguridad jurídicas para operar en todo el mercado único de la UE. 

Refuerzo de las garantías de los derechos fundamentales en línea

Las nuevas normas protegen los derechos fundamentales de los usuarios en la UE también en el entorno en línea. Las nuevas protecciones de la libertad de expresión limitarán las decisiones arbitrarias de moderación de contenidos por parte de las plataformas y ofrecerán nuevas vías para que los usuarios actúen con conocimiento de causa contra la plataforma cuando se modere su contenido: por ejemplo, los usuarios de plataformas en línea tienen ahora medios para impugnar las decisiones de moderación de contenidos, incluso cuando estas decisiones se basen en las condiciones aplicadas por las plataformas. Los usuarios podrán presentar reclamaciones directamente a la plataforma, elegir un organismo de resolución extrajudicial de litigios o solicitar reparación ante los órganos jurisdiccionales.

Las nuevas normas también exigen que las condiciones de las plataformas se presenten de manera clara y concisa y que respeten los derechos fundamentales de los usuarios.

Además, las plataformas y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño tendrán que llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos para los derechos fundamentales, como, por ejemplo, la libertad de expresión, la protección de los datos personales y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en línea, así como los derechos del niño.

Nuevas competencias de supervisión de la Comisión 

La Ley de Servicios Digitales crea un nivel sin precedentes de supervisión pública de las plataformas en línea en toda la Unión, tanto a escala nacional como de la UE. La Comisión tiene competencias para supervisar directamente las plataformas y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño, que son empresas que llegan individualmente a más del 10 % de la población de la UE, es decir, aproximadamente 45 millones de personas. Además, cada Estado miembro tendrá que designar un coordinador de servicios digitales, que supervisará a otras entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Servicios Digitales, así como a las plataformas y motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño para cuestiones no sistémicas. Los coordinadores nacionales y la Comisión Europea cooperarán a través de una Junta Europea de Servicios Digitales. Este mecanismo de cooperación a escala de la UE se establecerá entre los reguladores nacionales y la Comisión.

La Comisión está creando un Centro europeo para la transparencia algorítmica (CETA) para apoyar su función supervisora con conocimientos multidisciplinares internos y externos. El Centro prestará apoyo con evaluaciones para determinar si el funcionamiento de los sistemas algorítmicos está en consonancia con las obligaciones de gestión de riesgos que establece la Ley de Servicios Digitales para las plataformas y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño a fin de garantizar un entorno en línea seguro, predecible y fiable.

Próximos pasos

Tras la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales hoy, las plataformas en línea dispondrán de tres meses para comunicar el número de usuarios finales activos (17 de febrero de 2023) en sus sitios web. La Comisión también invita a todas las plataformas en línea a que le notifiquen los números publicados. Sobre la base de estos números de usuario, la Comisión evaluará si una plataforma debe ser designada como plataforma o motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño. Una vez tomada la decisión de designación por parte de la Comisión, la entidad en cuestión dispondrá de cuatro meses para cumplir las obligaciones derivadas de la Ley de Servicios Digitales, incluida la realización del primer ejercicio anual de evaluación de riesgos y su comunicación a la Comisión. Los Estados miembros de la UE tendrán que facultar a sus coordinadores de servicios digitales a más tardar el 17 de febrero de 2024, fecha general de entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales, cuando esta será plenamente aplicable a todas las entidades incluidas en su ámbito de aplicación.