El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas ha autorizado el sometimiento forzoso a la prueba de la covid-19 de un varón de 80 años residente en un centro para mayores de Arucas (Las Palmas), ante su negativa a someterse al test y “empleando para ello la fuerza mínima indispensable o el medio menos invasivo posible”.
El magistrado Ángel Teba dictó ayer el auto que estima las petición formulada por la coordinadora del Centro Sociosanitario de Arucas para que se obligue a hacerse la prueba del coronavirus a un interno que, si bien no está incapacitado por orden judicial, presenta un trastorno paranoide de la personalidad y no accede a que le hagan el test.
La autoridad judicial explica que la negativa del interno “compromete su propia salud y la del resto de residentes, trabajadores o visitantes del centro (…), siendo público y notoria la perentoriedad en la realización de las pruebas diagnósticas del virus a fin de combatir la propagación incontrolada de aquel, particularmente en un centro de mayores”.
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