• Reclaman un modelo de libre elección para el paciente y cuadros médicos abiertos, con pago directo y sin intermediarios.  
• Denuncian ante Competencia estar trabajando por debajo de costes, con baremos congelados hace 30 años, ocultando las Coberturas reales de las pólizas.
• Exigen a los organismos reguladores que obliguen a las aseguradoras a cumplir las reglas y no imponer su control económico al sector sanitario privado.
• También denuncian a la Inspección de Trabajo porque los médicos pueden estar trabajando como falsos autónomos sin ningún tipo de protección social por parte de los grandes grupos aseguradores y hospitalarios.

Los médicos españoles agrupados en la Unión Médica profesional (UNIPROMEL) denuncian que tras la crisis del covid19 puede estallar la “burbuja sanitaria” privada. En opinión de su presidente, Ignacio Guerrero, esta burbuja ha sido "inflada" por un sistema público lento e ineficaz, que tras los recortes de la crisis del 2008, provocó una contratación masiva de pólizas privadas a bajo precio que ha derivado en una explotación y mercantilización del sistema privado. “La solución pasa por colocar al paciente en el centro del sistema, con libre elección y pago directo a su médico; recuperar un modelo de calidad y excelencia, abandonando el ‘lowcost’ que han impuesto las compañías de seguro, cuyo objeto social no es sanitario, sino puramente económico: obtener el mayor margen de beneficios por su intermediación". 

UNIPROMEL entiende que las aseguradoras que no se comportan como seguros, sino más bien como "igualas" y que en la crisis del Covid19 están abandonando a los médicos de sus cuadros, abocándolos a la quiebra de sus consultas o a nuevas rebajas de honorarios, mientras siguen cobrando las pólizas a los pacientes. No proponen un nuevo modelo, sólo homologar el que con tan buenos resultados funciona en el resto de Europa.

Se trataría de que el paciente español que cotiza y paga su seguro sanitario privado tenga derecho a decidir quién va a atenderle, con la seguridad de que serán médicos libres e independientes, única garantía de calidad de la medicina privada en el resto de Europa. “Es el modelo belga, francés o alemán, que cumplen rigurosamente con la libre prestación de servicios que protege la Unión Europea”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que asesora jurídicamente a UNIPROMEL en Bruselas y en España. “Si pagas un servicio lo lógico es que seas tú quien decide quién te lo presta", apunta Navas.

Esta propuesta tendría muchas consecuencias incluso si se aplicara a un modelo mixto de Sanidad, que cumpliendo su condición de ser publica, gratuita y universal, también fuera de libre elección y de libre competencia como el modelo centroeuropeo lleva años garantizando. Es el modelo de pacientes-clientes, frente al modelo cautivo anglosajón que trata al paciente como un beneficiario. En España, por ejemplo, garantizaría la posibilidad de que el paciente se pueda mover por todo el territorio nacional, sin barreras autonómicas. “Resulta paradójico que un paciente europeo puede elegir el sistema que le atiende gracias a la directiva 2011/24/CE del Parlamento y del Consejo Europeo, pero un español no pueda trasladarse de comunidad autónoma; no tiene sentido”, apunta Navas. “Por cierto, que esa directiva del paciente, basada en la libertad, fue muy discutida por España mientras que -de nuevo paradójicamente- el ICEX y otros organismos se dedican a promover el turismo sanitario”, añade el socio-director de navascusi.com.

Pero además, este modelo permitiría que un paciente español pudiera elegir el médico que quisiera dotándolo de la capacidad de pago, mediante una especie de “cheque sanitario", con un precio mínimo que garantice la calidad de cada acto médico, como ocurre en Francia.

A precio de concierto

¿Y quién fijaría ese precio?. El mismo gobierno, que ya lo está fijando en sus conciertos. “Actualmente las derivaciones las decide la administración sanitaria, ¿por qué no lo puede decidir el paciente con el prestador del servicio que le dé más confianza?”, se pregunta Navas. Este modelo introduciría una mayor competencia en el sector mejorando la calidad del servicio, como siempre han defendido desde la Fundación IDIS, Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad.

Este modelo -parece lógico-sería el que debe regir en la sanidad privada y –paradójicamente- no es así. Se ha abandonado y sacrificado en beneficio de los intermediarios. “¿Por qué el cuadro médico está reducido a los médicos propuestos por la aseguradora?, ¿por qué no se permite al paciente que elija el médico que le dé más confianza con un baremo sanitario mínimo  garantizado y a partir de ahí, una libre y sana competencia ?”, se pregunta el presidente de UNIPROMEL, que denuncia que ni siquiera las aseguradoras que subcontratan la prestación del sector público de MUFACE, MUGEJU e ISFAS permiten la libre elección de profesionales, obligando a acudir a un cuadro médico cerrado y muy recortado, para tener bajo un control estricto los baremos que imponen. “Una restricción ilegítima de derechos que produce merma en la calidad, cuando no una supuesta estafa sanitaria consentida por el Estado", como ya denuncian los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, con los que UNIPROMEL ya está hablando.

La situación actual permite que las aseguradoras que no son sanitarias, invadan un sector que no es el suyo, negociando e imponiendo individualmente a los médicos, sus condiciones, en una relación de desigualdad y desequilibrio, basada en que "quien tiene el dinero tiene el poder", apunta Navas. “El médico no tiene más remedio que pasar por el aro si quiere trabajar y lo hace con honorarios que llevan sin actualizarse desde hace más de 30 años” denuncia el Dr. Guerrero. Son honorarios que ningún otro profesional aceptaría en sectores de servicios, con pagos de entre 7 y 17 euros por consultas que sonrojan a los propios médicos y que han ocultado por indignos y por la vergüenza de que se conozcan.

“Por eso hemos llevado denunciado esta situación a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, por entender que se está haciendo un abuso del art. 14 de la Ley 25/2009 que establece que los Colegios de médicos no pueden imponer precios mínimos ni orientativos”, lo que aprovechan las aseguradoras en su beneficio. Pero que el propio legislador no tuvo el mismo rigor y celo cuando se trata de declarar ilegales las prácticas abusivas y anticompetitivas por imposición de baremos y exclusión de sus cuadros médicos, señala el presidente de UNIPROMEL.

Aseguradoras y prestadoras

La situación se agrava desde el momento en que las aseguradoras están invirtiendo sus beneficios en dar otra vuelta de tuerca al sistema, construyendo sus propios centros asistenciales y hospitalarios o alcanzando acuerdos preferenciales con los grandes grupos hospitalarios para la derivación de sus clientes. “¿No va en contra de la libre competencia el hecho de que te deriven a sus propios centros, incluso situándose a ambos lados del sistema, asegurando y prestando el servicio o que favorezcan a los concertados, obligando al médico a subcontratarse en ellos?”, se pregunta Guerrero. “A todo esto hay que añadir que los profesionales que prestan sus servicios en la Sanidad privada lo hacen en el régimen de autónomos, cuando es evidente la dependencia orgánica y funcional de las aseguradoras y de sus acuerdos con esos grandes centros”. Es decir, "somos falsos autónomos y/o traders,  como vamos a  denunciar a la Inspección de Trabajo”, denuncian los médicos privados.

El presidente de UNIPROMEL denuncia además que la política de prevalecer a los grandes centros propios o concertados está provocando la extinción de las consultas tradicionales y que cientos de profesionales libres e independientes hayan sido expulsados de los cuadros médicos desde el año 2009.  “A veces incluso por un frio burofax,  generando sospechas sobre su reputación profesional y siendo un atentado denunciable incluso por vía penal cuando existen certezas de coacciones previas para que acepte rebajas de sus honorarios”, asegura Navas.

Por último, denuncian y exigen que el gobierno español incluya a la sanidad privada en la información sobre el sistema sanitario que remite a la OCDE. “Trata a los médicos privados como públicos a efectos estadísticos, pero luego no les deja trabajar en libertad sino sometidos al poder de las aseguradoras sanitarias. Lo que reclamamos es que los colegios profesionales, las autoridades sanitarias y las asociaciones de defensa del consumidor ejerzan el control sobre la calidad del servicio sanitario como señala la Ley 25/2009. Una calidad que será mayor cuanto mayor sea la competencia y la libertad del paciente para la elección de su médico”, concluye el socio-director de navascusi.com.