El Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria requirió ayer lunes 30 de marzo a la empresa encargada de la seguridad del Hospital Universitario Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, para que, en el plazo improrrogable de 48 horas, procediera a entregar ”en cantidad suficiente” y a todos/as y cada uno/a de los vigilantes del complejo los equipos para trabajar con garantías frente al coronavirus, en concreto “mascarillas homologadas”, “gel desinfectante” y “guantes de vinilo de talla grande o, de no ser posible, de talla mediana”.
El órgano judicial estima de esta manera la demanda presentada por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) para que se adopte esta medida de manera cautelarísima, sin siquiera dar trámite de audiencia a la administración o gerencia del Hospital.
Expone la autoridad judicial que la situación de pandemia y las dificultades subyacentes en orden a la adquisición de los medios que permitan ofrecer garantías respecto a la ejecución del trabajo en los términos que garantiza la LPRL, “no pueden utilizarse como excusa para no poner a disposición de los trabajadores los equipos indispensables para preservar la salud de los mismos pues la empresa debe realizar todos los esfuerzos y gestiones que sean necesarios para conseguir dicho objetivo”.
“Dado que la actividad laboral de los Vigilantes de Seguridad que prestan servicios en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín es una actividad esencial, que coadyuva a que el personal sanitario de dicho centro hospitalario pueda desarrollar su imprescindible e impagable actuación profesional, lo que implica que ambos colectivos compartan determinados espacios dentro del Hospital” razona el auto, “es necesario concluir que ha de dotarse a los indicados Vigilantes de Seguridad de las medidas de protección necesarias para preservar su salud y lo que no es menos importante, evitar la propagación de los contagios entre los unos y los otros”.
La autoridad judicial agrega que, transcurrido el plazo de 48 horas para que la empleadora cumpla la orden de entregar los equipos, el sindicato y la empresa Eulen “deben comunicar a este órgano jurisdiccional si se ha cumplimentado dicha medida”.
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