Valladolid, 24 oct (EFE).- La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León tendrá que pagar 180.000 euros a una paciente del Hospital Río Hortega de Valladolid que resultó afectada por una mala praxis en el tratamiento de la fractura de un brazo, que terminó amputado tras meses de intentos fallidos de solución.

Así figura en la resolución de la Administración autonómica que ha sido aportada por la asociación Defensor del Paciente, cuyo letrado Santiago Díez representó a la paciente en esta reclamación, con origen en noviembre de 2019 y que acaba de ser resuelta.

Esta mujer, que en el momento de los hechos tenía 53 años y sufrió una caída el 4 de enero de 2018, estaba incapacitada legalmente por un trastorno psicótico y un nivel intelectual límite.

Como consecuencia de la caída, fue trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital Río Hortega de Valladolid, donde se le diagnosticó de una fractura de húmero derecho con angulación de fragmentos, por lo que el personal sanitario le inmovilizó el brazo y le pautó antinflamatorios y analgésicos para la recuperación.

En las revisiones posteriores los facultativos constataron que no había consolidación de la fractura y pasados tres meses, el Servicio de Traumatología planteó la posibilidad de una futura cirugía, pero no se concretó y tuvo que acudir de nuevo a urgencias.

Fue intervenida hasta en tres ocasiones pero en las revisiones se constató que se mantenía una fractura desplazada.

Desde junio hasta octubre de 2018, la paciente realizó tratamiento de rehabilitación y en noviembre, Traumatología confirmó que existía movilización del material de osteosíntesis de la última cirugía.

Con el diagnóstico de pseudoartrosis infectada, los especialistas decidieron nuevamente retirar el material, tratar el foco de infección y, según evolución, intentar una cirugía de reconstrucción.

Tras retirar la escayola persistió la infección y ausencia de unión de los huesos y se le incluyó en la lista de espera quirúrgica, teniendo que acudir en ese tiempo a urgencias, por lo que finalmente se optó por la amputación del brazo por infección persistente.

La Consejería de Sanidad ha asumido que, tal y como informó Inspección Médica, en las revisiones iniciales se tenía que haber planteado el tratamiento quirúrgico.

Ese informe recalca que, debido a su trastorno mental, la paciente no era idónea para este tratamiento conservador.

A pesar de su estado mental, esta mujer vivía en un piso tutelado, atendiendo las labores diarias de la casa, precisando únicamente supervisión para algunas tareas.

Actualmente está interna en una residencia al ser totalmente dependiente incluso para actividades básicas de la vida diaria.