Granada, 18 mar (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con más de 212.000 euros a un joven de 32 años por las secuelas de una intervención que no le permite mantener relaciones sexuales sin dolor.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, a la que ha tenido acceso EFE este sábado, ha estimado el recurso interpuesto por la afectada contra el fallo del Contencioso Administrativo 5 de Granada y ha impuesto al SAS que la indemnice con 221.891 euros, más los intereses desde su primera reclamación.

Los hechos se remontan al mes de marzo de 2016 cuando la mujer acudió al servicio de urgencias del hospital de Baza (Granada) por un bulto en los genitales que diagnosticaron como un quiste de Bartholino.

La joven fue después al hospital Virgen de las Nieves y, al detectar que el quiste había aumentado de 15 milímetros a medio centímetro, se programó una intervención para extirparle la glándula de Bartholino en julio de 2017.

La operación, que habitualmente se hace con una incisión vertical, se le practicó con una vertical y, según la sentencia, con un deficiente consentimiento informado.

La intervención, sin complicaciones y tras la que recibió el alta hospitalaria, afectó a los músculos bulvocavernoso, pubovaginal y el elevador del ano, todos situados en el plano profundo, lo que se explica por una "mala incisión".

El recurso de la paciente, representada por el letrado Gabriel Rubio Prats, de Abogados Quatervenia, ha argumentado que la joven no fue debidamente informada de las posibles consecuencias de la operación y que tampoco se le explicó que iba a ser sometida a la extirpación de la glándula de Bartholino, y no solo a la escisión de un quiste.

Un informe de un fisioterapeuta especializado recogido en la sentencia ha descrito que en la paciente "persiste el dolor al tener relaciones sexuales" y que la cicatriz de la intervención y la afección a los músculos le impiden "mantener relaciones sexuales satisfactorias".

La sentencia, contra la que cabe recurso, considera probada la gestión negligente del consentimiento informado sobre la intervención, ya que la víctima no conoció otras opciones ni la posibilidad de sufrir las secuelas que padece.

Por eso, el fallo ha cifrado en 212.891 euros más los intereses la indemnización que el SAS debe pagar a la joven.