La Sección nº1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado Sentencia, tramitada por los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ en Aragón, mediante la cual se condena al Servicio Aragonés de Salud al pago de una indemnización de 200.000 € a un paciente por demorar una intervención de aneurisma.  

En febrero de 2017 a D. VENANCIO G.C., con 63 años y vecino de Zaragoza, le detectaron un aneurisma en la arteria comunicante anterior en el Hospital Royo Villanova (Zaragoza), mientras le realizaban pruebas médicas por otra enfermedad

El 5 de junio de 2017 le hicieron una arteriografía en el Hospital Miguel Servet (Zaragoza), para valorar cómo operarle el aneurisma. Los médicos comentaron a la familia que era una patología peligrosa y debía ser intervenida a la mayor brevedad, porque el aneurisma podría romperse en cualquier momento.  

El paciente y su familia quedaron a la espera de la decisión de los médicos. Sin embargo, seis meses después no se tenían noticias del hospital, ni le habían citado a consulta, ni le habían hecho nuevas pruebas para controlar la evolución del aneurisma. Hasta que el 15 de diciembre de 2017 se rompió el aneurisma provocándole un sangrado subaracnoideo muy grave. Fue ingresado en UCI del Hospital Miguel Servet y operado al día siguiente. 

Debido a las secuelas de la rotura del aneurisma, fue declarado en situación de gran invalidez, minusvalía del 76% y dependencia grado III.  

Ante esta falta de atención médica en el tratamiento y control del aneurisma, la familia acudió a la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ y se interpuso Reclamación Administrativa de responsabilidad sanitaria ante el Gobierno de Aragón en septiembre de 2018. Esta Reclamación fue resuelta en 2020 con una ridícula indemnización de 10.000 €, en la que sólo se valoraba la falta de información al paciente sobre el posible tratamiento del aneurisma. Frente a ella, se interpuso demanda ante el TSJ de Aragón que ha emitido Sentencia de 9 de diciembre de 2022 (con firmeza el 4 de abril de 2023), en la que se reconoce una indemnización de 200.000 €.  

En la Sentencia se detalla que los aneurismas pueden crecer y con ello aumentar las posibilidades de rotura, sin que se hiciera al paciente un seguimiento para conocer su evolución. Tampoco se dio al paciente la opción de embolizar el aneurisma, método que tiene un riesgo muy inferior a la cirugía abierta. Había posibilidades de tratamiento y no era correcto no hacer nada y no comunicar nada al paciente.