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Madrid, 16 mar (EFE).- El Tribunal Supremo ha condenado a la Administración General del Estado a establecer el reglamento que permita la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra a los guardias civiles a la hora de hacer frente a posibles indemnizaciones en su ejercicio.

Así lo dicta la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, a la que ha tenido acceso Efe, ante el recurso presentado en junio de 2021 por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.

Esta asociación acudió a la justicia al no haber llevado a cabo el Gobierno dicho desarrollo reglamentario recogido en la modificación de 2015 de la ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

Esta norma determina que la Administración "concertará un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía financiera, para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías derivadas de la exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza a los guardias civiles".

La disposición se introdujo primero, en 2014, en la normativa que regula el régimen de personal de la Policía Nacional, y se añadió a la destinada a los integrantes del Instituto Armado a fin de que no sufriesen una discriminación respecto al Cuerpo.

En concreto, la sentencia del Tribunal Supremo ha concluido que existe una obligación legal de dictaminar el reglamento que disponga el seguro de responsabilidad civil para los agentes, a lo que se oponía la Abogacía del Estado, defendiendo que era innecesario.

Además, la Sala recuerda que la Administración era "consciente" de esta reclamación de los representantes de los guardias civiles, ya que así lo pedía el exdirector general del Instituto Armado Arsenio Fernández de Mesa, al por entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil entiende que esta es una sentencia "de plena aplicación" para los agentes de la Policía Nacional, cuyos sindicatos continúan realizando la misma reivindicación. 




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